Una semana después de la brutal represión policial contra una protesta en Argentina,
siguen en prisión cinco de las 33 personas que fueron detenidas durante esa jornada, en tanto que se multiplican las denuncias a nivel nacional e internacional en contra del Gobierno del presidente Javier Milei.
La noche del martes se dictó
la falta de mérito en favor de 11 detenidos que quedaron liberados y que se sumaron a los 17 que ya habían salido el pasado viernes.
Sin embargo, familiares y organismos de derechos humanos continúan en la lucha para liberar a
Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez, los cinco manifestantes que todavía no han logrado la excarcelación.
El pasado 12 de junio, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos, a palazos y con detenciones arbitrarias a quienes
protestaban afuera del Congreso en contra de la Ley Bases, un proyecto fundamental para Milei, que en ese momento se debatía en el Senado.
Para justificar la represión, el presidente, los miembros de su gabinete y periodistas oficialistas aseguraron que los manifestantes eran "terroristas" que querían cometer "un golpe de Estado", sin embargo, los manifestantes en ningún momento promovieron el derrocamiento de Milei, ni tienen la organización y respaldo policial o militar para que ello ocurra.
Entre ellos, se encontraban
estudiantes universitarios, docentes y un músico, e incluso vendedores ambulantes que ni siquiera participaban en la protesta y solo estaban trabajando.
Causas
La represión ha sido uno de los temas prioritarios en la agenda política de Argentina durante toda la semana debido a que múltiples colectivos denuncian que el Gobierno pretende asustar a la población para que no participe en futuras protestas ya que pueden repetirse las agresiones policiales y las detenciones.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos del país sudamericano, que cuentan con una solidez organizativa que comenzó a construirse durante la última dictadura militar (1976-1983), no se amedrentaron y actuaron desde el primer momento.
Para ello realizaron marchas, comunicados, activismo en redes sociales y estrategias legales, tanto para liberar a los detenidos como para denunciar a las autoridades.
La Comisión Provincial por la Memoria, por ejemplo, inició una causa penal para investigar la actuación de la Policía Federal, en tanto que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la represión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"El objetivo político del Gobierno es infundir miedo a cualquiera que se movilice para protestar", aseguró el CELS en una carta en la que alertó sobre las violaciones a los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación, opinión y expresión.
La CIDH ya convocó a una audiencia especial que se llevará a cabo el próximo 11 de julio y en la que el Gobierno argentino tendrá que explicar el estado de la protesta social y de la libertad de expresión en los últimos seis meses, es decir, desde que asumió Milei.
Criminalización
Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, reveló que denunciarán el caso argentino ante el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
"Vemos varios problemas, arrancando por la criminalización de la protesta en términos más amplios, (...) pero, además, por el nivel de abuso llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, las imputaciones sin fundamentos, genéricas, la prisión preventiva. (...) (Hay) implicancias serias para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la Justicia y el debido proceso", explicó en una entrevista con la radio Futurock.
Por otra parte, los diputados del bloque opositor peronista, Unión por la Patria, denunciaron ante los tribunales argentinos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
"Esto evidencia que hay un plan represivo que tiene como finalidad establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales", acusó el jefe de la bancada, Germán Martínez, quien recordó que los policías también agredieron a los diputados que participaron en la manifestación y que fueron gaseados directamente en la cara.
Milei, en tanto, volvió a defender la represión.
"No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos (…), el que las hace, las paga, y por eso tienen que estar todos detenidos", insistió en una entrevista televisiva, a pesar de que en ese momento estaban siendo liberadas otras 11 personas por falta de pruebas.
Fuente: Actualidad RT
