Subastan Torre Solano: Familia del constructor asegura que intentan robarle la obra de su vida

Tan sólo un cartel de notificación en la prensa nacional separa a la Torre Solano de posibles nuevos dueños, tras décadas de polémica por su presunta inhabitabilidad parcial, una extinta orden de demolición y una pugna por hacerse del apetecido inmueble de alto valor comercial que fue alquilado por Pdvsa y donde ahora funciona un instituto universitario.

Los actuales inquilinos se consideran los dueños, mientras que la familia del constructor y quienes aseguran ser sus propietarios, confían en una posible actuación de la Fiscalía del Ministerio Público que impida la pérdida de la que afirman es una herencia de su padre, el italiano Michelle Petrizzo.

La obra, advierte un reconocido abogado que pidió mantener su nombre en reserva; ha sido objeto de múltiples litigios en tribunales entre distintas partes que incluyen, según el abultado expediente, a la Sociedad Mercantil INVERSIONES TORRE SOLANO, C.A., a PROMOCIONES 86, C.A., a la Sociedad Civil INSTITUTO UNIVERSITARIO DE GERENCIA Y TECNOLOGÍA, y a la Sociedad Civil LIDERAZGO TERCER MILENIO, en una serie de acciones que han llegado hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A propósito de la posible venta en subasta, la familia Petrizzo envió una carta firmada por Celia Miguez, viuda de Petrizzo; Angela Petrizzo y Juan Carlos Petrizzo, en la cual reiteran su condición de “propietarios legítimos de la Torre Solano” ubicada en la Avenida Francisco Solano López de la Urbanización Sabana Grande de Caracas.

Denuncia a los señores Jesús Petit Da Costa, Vladimir Petit Medina y a su esposa, la periodista Nitú Pérez Osuna, como “autores materiales e intelectuales del despojo que pretenden hacernos del inmueble de nuestra propiedad”.

Señalan que el edificio de marras fue construido por Michelee Petrizzo sobre terrenos adquiridos en el año 1986 por medio de PROMOCIONES 86 C.A. “cuyo accionista mayoritario era nuestro fallecido padre”, una edificación de 12 pisos que “fue construida con un préstamo del para entonces Banco Construcción C.A.”.

Aseguran en el escrito que la conclusión del edificio ocurrió en 1991 “pero por diferencias con la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, relacionadas con el porcentaje de ubicación y construcción permitido por la Ordenanza de Zonificación Urbana, le fue otorgada solamente una habitabilidad parcial”.

El resto de la habitabilidad sería determinado con posterioridad “debido a las discrepancias entre nuestro padre y la municipalidad sobre los cómputos en el porcentaje de construcción permitido de acuerdo a la zonificación de la parcela”. 

No obstante, recuerdan que según el ordenamiento jurídico -nacional y extranjero- “el hecho de que sobre un inmueble no se haya emitido la Cédula de Habitabilidad correspondiente, no significa que el inmueble no sea habitable”. Lo que implica el no otorgamiento del documento “es que el inmueble no puede ser registrado; y por lo tanto, no puede ser enajenado o vendido”.

En 1992 el edificio completo es arrendado a la estatal Petróleos de Venezuela C.A. (Pdvsa) para que funcionara allí su instituto de formación, el Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED).

Jesús Petit Da Costa

El contrato de arrendamiento “se fue renovando todos los años” con total cordialidad. Pero en 1999, por decisión del para entonces presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez Araque, “se rescindieron todos los contratos de los inmuebles alquilados” por la estatal; entre ellos, el de Torre Solano, por lo que una vez desalojado se ofreció el inmueble en alquiler.

Sostiene la familia que se presentó con la intención de arrendarlo el señor Jesús Petit Da Costa. El ex Procurador General de la República habría dicho que instalarían “una universidad a través de la compañía Liderazgo Tercer Milenio C.A. presentándole unos estatutos con un capital millonario que a la postre resultó ser… capital de puro papel”.

Petrizzo “había vendido mediante documento el inmueble al Grupo Imagen, ubicado en la avenida Veracrúz de la Urbanización Las Mercedes, pero no había recibido el pago “. Y desde entonces comenzó lo que consideran un “calvario” hasta la fecha “de su fallecimiento el 17 de febrero de 2013 (…) sin que se haya hecho justicia frente al más descarado despojo que se haya conocido”. 

Aseguran Ángela y Juan Carlos Petrizzo que al tercer mes de haber sido suscrito el contrato de arrendamiento con Petit Da Costa, representante de la sociedad mercantil Liderazgo Tercer Milenio C.A., “éste dejó de pagar el alquiler”.

Tras señalar que “el proceso judicial ha llevado años con centenares de incidencias todas urdidas por Petit Da Costa, con el fin mediato de usufructuar el inmueble propiedad de nuestro padre sin ninguna contraprestación para él y con el fin último de despojarlo totalmente de su propiedad”, afirman que “han pasado 20 años sin que esos señores nos hayan pagado alquiler ni a nuestro padre ni a nosotros después de su fallecimiento”.

Denuncian además que representantes de “Liderazgo Tercer Milenio invadieron una parte del edificio que no estaba alquilado a ellos, una vez que los inquilinos anteriores decidieron no renovar el contrato. Rompieron las cerradura y tomaron por asalto nuestra propiedad”. 

“Estos individuos a pesar que dicen ser opositores al gobierno, mantienen influencias dentro del Poder Ejecutivo y Judicial, cuyas decisiones siempre los han favorecido a ellos"

"Utilizan a la periodista Nitu Pérez Osuna para, a través de los medios de comunicación social y las redes sociales, desprestigiar a cierta dirigencia opositora. A cambio de ello, el Gobierno le permite que funcionen como universidad y gozar de privilegios dentro de los tribunales”.

                                                    Nitu Pérez Osuna 

Lamentan que el constructor italiano “falleció viendo desde la ventana del edificio donde vivía, adyacente a la Torre Solano, cómo unos desalmados de cuello blanco le arrebataban su obra. Han pasado los años desde su fallecimiento en febrero de 2013 y estamos llegando al final de una historia lamentable en detrimento de la Venezuela honesta que representó nuestro padre Michele Petrizzo”, señala la misiva.

“El proceso judicial que materializará el despojo definitivo de la vida de un venezolano ejemplar está a punto de ejecutarse. Rogamos a Dios que esto no ocurra. De ejecutarse, sería una estocada en el corazón al esfuerzo de un patriota que luchó por Venezuela desde muy joven”. 

Nuestro padre, inmigrante italiano, “empezó su carrera como constructor siendo obrero, después albañil y así poco a poco, como todos los inmigrantes que vinieron de Europa en los años 50 y 60, fue creciendo aportándole desarrollo a Venezuela”.

Abogados vinculados con la familia -la mayoría de la cual se encuentra actualmente en España- señalan al ex Procurador de Venezuela de tener antecedentes que pondrían en duda su trayectoria ética y moral.

Hacen alusión al hecho de haber tenido vínculos directos con el banquero Orlando Castro, el único banquero procesado por la más grave crisis del sistema financiero venezolano registrado en 1994.

Una publicación del diario colombiano El Tiempo, de Bogotá, con base en la agencia de noticias EFE, del 04 de marzo de 1997, constata el cuestionamiento según el cual el entonces “diputado Vladimir Petit admitió haber recibido contribuciones económicas de (Orlando) Castro para sus actividades políticas hace algunos años”.

Mientras que en la página 85 de su libro “Las intrigas del poder: quién manda en Venezuela”, el periodista Juan Carlos Zapata confirma esa tesis argumentada por los abogados que se expresan en condición de anonimato, al afirmar que “el ex procurador también recibió lo suyo”, y que en algunos casos “hubo dinero de por medio… Mucho dinero”.

Recuerdan los especialistas en leyes que cuando se abrió una investigación en la Comisión de Contraloría de la entonces Cámara de Diputados, debido a que “Petit Da Costa formaba parte de la comisión y no podía serlo porque recibía financiamiento del acusado. Y se mostraron las pruebas. No puedes ser juez y parte. Quedó demostrado. Ese es el antecedente de este abogado”.

“Carece de toda credibilidad”

La secuencia de los hechos: se culminó el edificio. Hubo la discusión en Ingeniería Municipal sobre la habiltabilidad, porque el italiano defendía que le estaban computando unas áreas que según el Municipio excedían del porcentaje máximo de construcción permitido. Según él no, porque le estaban incluyendo pasillos. La discusión era jurídica, sobre el porcentaje de construcción permitida y la construida.

Te aplican el ácido para después matraquearte, advierte el abogado. “Yo intervine e introduje un recurso de consideración ante el alcalde, quien nos dio la habitabilidad parcial, pero la orden de demolición la suspendió”. 

Nunca se aplicó el principio de igualdad ante la Ley, advirtiendo: “¿Por qué si a mí me cuestionaron debido al número de (doce) pisos, sí se les permitió a todos los edificios vecinos tener un número mayor de pisos en comparación con el nuestro?” 

Vladimir Petit Medina

“Si la zonificación es la misma, mal pueden violar el principio de igualdad ante la Ley. Segundo, si efectivamente el inmueble era ilegal, ¿qué hacían ellos metidos allí durante tanto tiempo?”, agrega.

“La decisión del juez de la causa, la ocupación del bien inmueble es similar a las medidas que tomaba Jesús Petit Da Costa cuando era Procurador General de la República”, con un decreto ley tenía facultades para intervenir los bancos y dictaba las medidas de ocupación de los bancos. Ese era su modus operandi. Es algo muy sospechoso que la medida que dicten sea igual a la que el ex Procurador dictaba cuando ocupaba ese alto cargo de la República.

Dos carteles han sido publicados en la prensa nacional. Se espera el tercero para iniciar el proceso de subasta. La familia asegura que tres meses después de su alquiler por parte de Da Costa, más nunca recibieron pago. Condenan que era conocida la ausencia del documento de habitabilidad, pero aseguran que tuvo fundamentación jurídica, la cual no impedía habitar el inmueble sino venderlo o enajenarlo.

La familia Petrizzo recuerda que la orden de demolición fue detenida y lamentan que no sólo no recibieran el pago de alquiler por el edificio sino un demanda en la que, al contrario, les exigían pagos por supuestas mejoras tras hacer uso comercial de la instalación para el funcionamiento de una casa de estudios superiores.

Finalmente, le hicieron un “llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro; al presidente (de la Asamblea Nacional) Juan Guaidó; al Fiscal General de la República, Tareck William Saab; y a todos lo que puedan hacer algo (para) que se haga justicia”

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