Nuevo informe sobre DDHH aumenta la tensión entre el Gobierno colombiano y la ONU

El relator de la ONU para defensores de derechos humanos, Michel Forst, durante una rueda de prensa con el presidente de Colombia, Iván Duque, en diciembre de 2018.
El relator de la ONU para defensores de derechos humanos, Michel Forst, durante una rueda de prensa con el presidente de Colombia, Iván Duque, en diciembre de 2018.

Colombia sigue siendo el país de América Latina donde se asesinan a más defensores de derechos humanos, “y las amenazas se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”, asegura el relator especial de la ONU Michel Forst. El riesgo, además, ha aumentado en los tres años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Esas crudas conclusiones, que presentó este miércoles en su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, han aumentado la ya elevada tensión entre el Gobierno de Iván Duque y Naciones Unidas.

Las personas en mayor riesgo son los líderes sociales “que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medioambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”, señala el informe. También apunta que carecen de un reconocimiento público positivo, y a pesar de las declaraciones en las que Duque valora su papel, “otros actores estatales y no estatales” los deslegitiman y criminalizan. Según el documento, los dirigentes políticos y funcionarios públicos, entre otros, estigmatizan a los activistas al tratarlos como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollos” o “informantes”.

En un nuevo episodio de la encendida polémica que lo enfrenta a distintas oficinas de Naciones Unidas, el Gobierno rechazó “tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones”, pues asegura que Forst “no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas” y “desconoce información proporcionada por el Estado durante su visita”, de manera que sus observaciones “no reflejan fidedignamente la situación actual del país”.

Las conclusiones de Forst, formalmente el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, se conocen apenas un día después de que la ministra del Interior, Alicia Arango, representante de los sectores más afines al expresidente Álvaro Uribe en el Gabinete, desató una nueva polémica al afirmar que en Colombia “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”. Una declaración que fue ampliamente interpretada como una manera de minimizar el problema del persistente asesinato de líderes sociales. Un total de 323 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016, de acuerdo con el informe.

La escalada de violencia contra los defensores de derechos humanos no ha tenido tregua. Al menos una treintena fueron asesinados entre enero y febrero y, en lo que va de este año, la Alta Comisionada de la ONU ha recibido 40 denuncias por asesinatos contra líderes sociales. En la tarde de este miércoles, por ejemplo, se conoció que fue asesinado en Cali un escolta de Leyner Palacios, un reconocido líder social. Amenazado de muerte por sus denuncias, Palacios ya se había tenido que desplazar a comienzos de año de su natal Bojayá.

La desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, hoy desarmada y convertida en un partido político, no trajo una presencia integral del Estado en las zonas que antes estaban bajo su control. En muchas regiones, los grupos armados ilegales –que incluyen a la guerrilla del ELN, disidencias que se apartaron del proceso de paz o bandas narcotraficantes– han copado el vacío. “Las personas defensoras que se oponen al control de estos grupos o a sus intereses defendiendo los derechos humanos y los acuerdos de paz, y en particular la sustitución de cultivos de coca, se han convertido en el blanco de los ataques”, advierte el relator. En esos entornos difíciles carecen de la protección efectiva del Estado. “El retraso y falta de determinación política y de designación de fondos suficientes” para implementar el acuerdo de paz “es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situación de riesgo de los defensores”, apunta.

“En vez de enfrentarse con el relator, el Gobierno debería fijar sus recomendaciones, como la de reafirmar su compromiso con el acuerdo de paz, priorizar su implementación, dotarlo de los recursos necesarios para ello y fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras”, ha manifestado Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, durante el espacio de comentarios en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

El relator visitó Colombia a finales de 2018, tres meses después de la posesión de Duque. Su documento se presenta una semana después de que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, retratara la deteriorada situación de violencia en en el país. Ante esas observaciones, los sectores más radicales del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Uribe, redoblaron sus ataques a la ONU e incluso pidieron expulsar la oficina de Bachelet. El propio Duque, que suele cultivar un perfil más moderado con respecto a su partido, consideró “una intromisión a la soberanía de Colombia” la sugerencia que contenía de acercar la policía a la órbita del Ministerio del Interior.

El informe de este miércoles ya venía precedido de controversia, pues Forst insinuó en declaraciones a medios colombianos que no pudo concretar una segunda visita, prevista para mediados del año pasado, por distintas trabas a su labor. Su enlace era el entonces consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, un abogado cercano a Duque que fue elegido fiscal general de la nación. Ahora es, precisamente, el encargado de investigar los incesantes asesinatos de líderes sociales que han despertado el hastío de una sociedad ansiosa por pasar la página de la violencia.

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