Colombia: El doloroso capítulo de violencia sexual en el paro nacional

Dos mamás lloran por sus hijas desde el pasado 12 de mayo en Popayán. La primera porque vio morir a su hija después de denunciar que agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) le tocaron el cuerpo sin su consentimiento en medio de una manifestación del paro nacional. La segunda porque vio cuando un policía subió a su hija en una moto y la amenazó con “lamerla” y “violarla”.

Estas son las dos denuncias más recientes por violencia sexual en las protestas que paralizan a Colombia desde el pasado 28 de abril, y que se suman a otros 16 relatos sobre delitos sexuales cometidos presuntamente por la Fuerza Pública, de acuerdo con la organización Temblores.

La “primera denunciante”, a quien nombraremos así para proteger su identidad, tenía 17 años. Según contó ella misma en una red social, la noche del miércoles pasaba por el sector de la Chirimía, donde se presentaban confrontaciones entre el Esmad y manifestantes, pero no participaba de las marchas. “Me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa (…) Lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron. En medio de eso, me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. En el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban desnudando”, aseguró la víctima. 

El video al que se refiere es un “en vivo” que inició Red Alterna, un proyecto de comunicación comunitaria. En los primeros 15 minutos de la transmisión, que comenzó a las 9:04 p.m. y duró casi una hora, se ve a cuatro agentes del Esmad deteniendo a la primera denunciante. 

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Ella grita que la suelten y que la están desnudando, mientras cada uno de ellos la sostiene de una extremidad. Luego, la joven cae al piso, grita que no tiene nada y suelta su bolso para que verifiquen que no contiene ningún elemento irregular, porque escucha que un uniformado la acusa de tirar piedras. Posteriormente, dos agentes vuelven a levantarla a la fuerza y ella se resiste. Un Esmad grita: “¿Una mujer les va a ganar a cuatro varones? La chimba”, y vuelven a ser cuatro los policías que la cargan y la ingresan a la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

De acuerdo con la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Departamental de Paro, la primera denunciante salió de la URI alrededor de las 10:54p.m., casi dos horas después de haber sido ingresada, y fue entregada a su abuela. A la mañana siguiente, según contó la familia a la abogada Lizeth Montero, la joven publicó su relato en una red social y luego fue encontrada sin vida. Medicina Legal deberá entregar los resultados de la valoración del cuerpo para determinar la causa de la muerte y la Fiscalía anunció, por su parte, que investigará para determinar qué sucedió.

En diálogo con este diario, la abogada Lizeth Montero, quien estuvo frente a la URI la noche del miércoles y quien acompañó a la familia de la primera denunciante en Medicina Legal, aseguró que las autoridades deberán responder varias preguntas, entre ellas qué ocurrió dentro de la URI, si se aplicó el protocolo para el tratamiento de niños, niñas y adolescentes cuando son aprehendidos; y si esa agresión tiene una relación de causalidad con el resultado final. La defensora de derechos humanos considera que la detención fue arbitraria y que en este caso se dio un uso excesivo, abusivo, arbitrario, innecesario e irracional de la fuerza.

Una versión distinta tiene la Policía, que en cabeza del brigadier general Ricardo Augusto Alarcón Campos desmintió a los medios de comunicación que la noche del jueves comenzaron a publicar información del caso, después de que seis organizaciones lo divulgaron en un corto comunicado. Alarcón calificó la noticia de “falsa”, aclarando que la muerte de la menor de edad no se dio en instalaciones de la Policía sino en su casa, dando incluso el nombre del barrio, un dato que defensores consideraron ofensivo y riesgoso para la familia. El vocero de la institución dijo también que el primer comunicado de las organizaciones era “falso” y su oficina de comunicaciones envió a varios periodistas el documento con la tacha de “falso” en letras rojas.

Sin embargo, un vocero de la ANUC, una de las organizaciones firmantes, le confirmó la veracidad de ese primer documento a El Espectador y, un día después, la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Departamental de Paro emitió un segundo comunicado ampliando la denuncia e incluyendo un segundo caso de violencia sexual.

Posteriormente, el general Alarcón apareció en radio para decir que esta “falsa noticia” era un intento de “polarización” y acusó a la menor de edad de estar participando en desmanes. Montero negó que esto fuera cierto y lo consideró revictimizante. El uniformado, además, defendió la actuación de sus subordinados. La Fiscalía y la Procuraduría ya anunciaron sus pesquisas sobre el caso y la Defensoría del Pueblo pidió celeridad en las investigaciones.

A la misma URI donde fue llevada la primera denunciante, llegó la “segunda denunciante”, como la llamaremos en este artículo por su seguridad. Hace 15 días cumplió 18 años, pero su mamá asegura que aún no tiene contraseña y permanece con su tarjeta de identidad, por lo que la noche del 12 de mayo todos asumieron que era menor de edad. Según la versión de la madre de la víctima, ella y su hija estaban en la Chirimía apoyando las labores brigadistas, pues es voluntaria como auxiliar de enfermería. Pero se separaron por un instante porque su hija fue, junto a tres compañeros, a comprar salchipapas.

La madre aseguró a El Espectador que la joven alcanzó a avanzar dos cuadras mientras ella recogía su equipo de primeros auxilios. “Bajamos por una calle detrás del CAI Benito Juárez y vi que pasaron 15 motorizados y una tanqueta de la Policía, desde la que nos gritaron: “¿A cómo la leche, perras?”. En mi cabeza pensé: “Mi hija”. Me angustié y aceleramos el paso. Mi hija iba cruzando desde un punto de la brigada hasta un supermercado llamado Maxihogar y se les vinieron las 15 motos a ella y a los tres muchachos con los que estaba. Ahí fue que me la cogieron”, contó la mujer.

La denunciante afirmó que en ese momento un policía la subió a una moto y le dijo que la quería “lamer” y “violar”, mientras que a uno de sus compañeros los uniformados le apretaron los testículos, le quitaron los zapatos y se pararon sobre sus pies. Ambos fueron conducidos a la URI y, una hora después, su mamá logró sacar a su hija de esa unidad y la llevó a su casa. En este momento la joven se encuentra en reposo, su pie izquierdo fue inmovilizado por un esguince y presenta afectaciones psicológicas. “Me da miedo que nos hayan reconocido en los videos de las declaraciones que circulan en redes sociales. Tengo miedo de que le vayan a hacer algo a mi hija o a nosotros”, aseguró la mamá de la segunda denunciante a este diario.

El Espectador se comunicó el pasado viernes con la Policía para conocer su versión de lo sucedido con esta segunda joven. La institución respondió inicialmente que esperaría el dictamen de Medicina Legal para pronunciarse sobre este caso. Sin embargo, anunció también que el brigadier general Ricardo Augusto Alarcón Campos ampliaría la declaración a este diario, pero que se encontraba atendiendo la situación de orden público que vivía Popayán por cuenta de los disturbios. Al cierre de este artículo no había llegado ninguna respuesta. Ninguna autoridad se ha pronunciado hasta ahora sobre esta segunda denuncia.

Este fin de semana, la capital del Cauca amaneció con las instalaciones de la URI y Medicina Legal quemadas, pues personas vestidas de civil les prendieron fuego en medio de las confrontaciones. Judy Hernández, directora de Medicina Legal en Cauca, informó que la sede de la entidad en Popayán quedó “totalmente destruida” y que en ella se encontraban cuerpos esqueletizados, evidencias de casos judiciales, un archivo con información de personas desaparecidas desde 1987, cuerpos sin identificar y casos judiciales en investigación. “Insumos y bienes múltiples construidos con años de gestión, perdidos. Nos hemos sentido olvidados, ignorados totalmente”, agregó Hernández en un comunicado.

Los enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública se intensificaron en Popayán desde que se hicieron públicas las denuncias por violencia sexual. Pero no es la única ciudad con reportes de estos casos. La organización Temblores ha documentado al menos 16 denuncias de violencia sexual cometida presuntamente por la Fuerza Pública en medio del paro nacional. En este rastreo se han identificado casos de acoso y abuso sexual en ciudades como Cali, Bogotá, Palmira y Acacías. En esta última, por ejemplo, se registró en video a un agente del Esmad que le indica a su compañero que deje pasar a un grupo de mujeres en una calle bloqueada por ellos. “¡Déjela pasar y hágale lo que quiera!”, grita el uniformado.

Lina Porras, investigadora del observatorio de violencia policial de Temblores, explicó en su momento a El Espectador que “esa expresión es violencia sexual y demuestra que los cuerpos de mujeres son comprendidos como territorio para inscribir el poder, para ejercer la autoridad, y son entendidos como objetos que se pueden poseer, violentar. Ese ‘hágale lo que quiera’ significa ‘tengo toda la autoridad y poder para hacer lo que quiera con tu cuerpo’”, dijo Porras a este diario. Otra mujer en Cali contó que un policía la manoseó mientras intentaba reprenderla.

Organizaciones de derechos humanos esperan que todas estas denuncias sean documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya pidió aprobación al Estado colombiano para visitar el país y verificar si hay violaciones de derechos humanos en medio del paro. Sobre la violencia sexual, la CIDH ha dicho particularmente que ésta “comprende todas aquellas acciones de naturaleza sexual que se perpetran sin el consentimiento de una persona, desde la invasión física del cuerpo hasta las que no involucren contacto físico alguno”. Según el organismo, estos actos son absolutamente inaceptables y jamás se deben utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad de un Estado.

Fuente: El Espectador 

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