CIDH pide respetar DDHH durante operativos de seguridad a El Salvador y Venezuela

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a los Gobiernos de El Salvador y Venezuela que respeten los derechos humanos en el desarrollo de los operativos de seguridad, con el fin de frenar la violencia en ambos países.

Sobre esto, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, aseguró que el Gobierno venezolano analizará si se han cometido violaciones de derechos humanos en el marco de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) y, de haberlas, las llevará ante la Justicia.

"Esta operación busca devolver la paz a esos territorios, vamos a revisar los casos y si se ha cometido una violación de derechos humanos los responsables serán sometidos a la Justicia", afirmó Devoe.

Asimismo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado salvadoreño haya recurrido a medidas "represivas y populistas" para afrontar la crisis de seguridad y el aumento de la violencia en el país.

Los defensores de derechos humanos fueron muy críticos con el plan del Gobierno "El Salvador seguro", al considerar que solo se enfoca en la persecución penal del delito y no prioriza la prevención ni la atención a las víctimas.

"Está claro que existe un problema y que hay que encontrar el equilibrio entre seguridad y derechos humanos", consideró la comisionada Margarette May Macaulay, que presidió la sesión, tras escuchar a las partes.

El canciller Salvadoreño, Hugo Martínez, reafirmó el "compromiso" del Gobierno con el respeto de los derechos humanos y subrayó que el gesto de enviar a un canciller a las sesiones de la CIDH, algo muy inusual, denota el interés del Estado por cumplir con los estándares internacionales.

Esta audiencia la pidieron las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Provea para denunciar casos de detenciones arbitrarias masivas, desalojos forzosos y al menos 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el marco de redadas policiales y militares en comunidades pobres y de inmigrantes en Venezuela.

En un informe conjunto, HRW y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmaron que los abusos se cometieron durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), iniciada en 2015 y por la que se ha desplegado un gran número de policías y militares en zonas consideradas "violentas".