Colombia quedó esta semana bajo la mira de la Corte Penal Internacional (CPI), para asegurar el castigo a los principales responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos desde 2002 por los paramilitares de extrema derecha y la guerrilla marxista de las FARC.

La visita de tres días a Bogotá, esta semana, del argentino Luis Moreno, fiscal de la CPI encargado del caso colombiano, evidenció la presión que ese tribunal empezó a ejercer sobre este país que ha padecido durante los últimos cuarenta años un sangriento conflicto armado.

Pero la CPI no podrá ejercer jurisdicción en Colombia sino sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por esos grupos armados ilegales a partir de 2002, porque fue el año en que Colombia se adhirió a ese tribunal, que aún no es reconocido por varios países, entre ellos, Estados Unidos.

Fue precisamente la reciente extradición a Estados Unidos de 13 ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) lo que puso en estado de máxima alerta a la Corte, por el riesgo de que ese hecho impida que los antiguos líderes paramilitares paguen por los delitos cometidos en su país.

"La extradición nos preocupa, aunque es legal, porque si eso impide que se investiguen los crímenes, entonces la CPI interviene", advirtió Beatrice Le Fraper, colaboradora del fiscal Moreno, en declaraciones a la AFP.

Fraper, quien también tiene a su cargo el caso de Georgia, fue contundente en asegurar que "en Colombia hay crímenes de lesa humanidad como homicidios, desplazamientos forzados, violaciones a los derechos humanos y desapariciones".

"En el caso de Colombia no hay duda de que los crímenes son de máxima gravedad, tanto por su cantidad como por su impacto social", puntualizó, tras advertir que la Corte está vigilante para ver si las investigaciones "están realmente identificando a la cúpula".

El fiscal Moreno también fue claro en advertir que la vigilancia de la CPI sobre Colombia busca que los crímenes de lesa humanidad "no queden en la impunidad" y que sean castigados sus "máximos responsables".

Diplomático en sus declaraciones, Moreno dijo a la AFP que su misión es analizar la situación y ver si la justicia colombiana está actuando o no. "Sólo intervengo cuando no hay procedimientos genuinos", dejó en claro y se resistió a fijar un plazo para una eventual intervención de la CPI en Colombia.

En su visita, Moreno recibió la promesa del presidente Alvaro Uribe, de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, de que continuarán las investigaciones, pero para la CPI la preocupación es que esas investigaciones alcancen a los máximos responsables.

Dicha responsabilidad no sólo se suscribe a los cabecillas de los paramilitares o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino también a los políticos que han tenido vínculos con esos grupos armados.

"Nos interesa saber qué grado de responsabilidad tuvieron esos políticos en los crímenes que cometieron los grupos armados", dijo Fraper al respecto.

La Corte Suprema del país inició a finales de 2006 una gran investigación en ese frente, que han involucrado a 60 legisladores, en su mayoría de la coalición gubernamental, 30 de los cuales cumplen prisión preventiva, situación que ha generado un público y duro enfrentamiento de Uribe con ese tribunal.

El ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia, José Gregorio Hernández, consideró que la visita del fiscal Moreno deja un mensaje claro al país, que es que la CPI "no está jugando".

"Si no se aplica justicia a los que cometieron los grandes crímenes, va a haber un organismo que va a asumir esa competencia", dijo el jurista a la AFP, y advirtió que "ahora el mundo tiene los ojos puestos sobre Colombia, pendiente de lo que va a ocurrir con el juzgamiento de esos delitos de lesa humanidad".