jueves, 17 de abril de 2014

 

Analistas

18 / 10 / 2012
- 12:55:59
Una oportunidad para rectificar
Una oportunidad para rectificar
Ricardo Antela / Globovisión
Hace una semana escribí en este mismo sitio que para lograr la convivencia democrática entre los dos sectores del País políticamente confrontados, chavistas y opositores teníamos algunas tareas por hacer. En lo que respecta al Presidente de la República, jefe del Estado y por consiguiente, símbolo y principal responsable de la unidad nacional, le pedía recibir de buen ánimo las críticas de los opositores, la mayoría de las cuales se hacen con fines constructivos; y sobretodo entender que cuando se le critica, o cuando se denuncia o pide investigar una irregularidad, no necesariamente es un “ataque personal” contra él, sino que normalmente se quiere mejorar la eficacia de su gobierno o sancionar a un funcionario que lo está haciendo mal.

Recientemente pudimos conocer una sentencia que pone a prueba la sinceridad de los deseos de convivencia que poco antes de las recientes elecciones, expresó el Presidente de la República. Efectivamente, el 3 de septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CorteIDH] declaró que “el Estado de Venezuela” (no el Presidente Chávez, sino el Estado) es internacionalmente responsable por haberse comprobado que funcionarios policiales adscritos al Ejecutivo del estado Falcón violaron, entre otros, el derecho a la vida del ciudadano Néstor José Uzcátegui; así como los derechos humanos de otros miembros de la familia Uzcátegui (integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, garantías judiciales y protección judicial, entre otros).

Según la sentencia de la CorteIDH, Néstor Uzcátegui era un joven de 21 años de edad que vivía con su familia en una vivienda situada en Coro, estado Falcón. La Corte pudo comprobar que en la mañana del primero de enero de 2001, funcionarios adscritos a las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón allanaron sin orden judicial y con violencia la vivienda de la familia Uzcátegui. En el transcurso del operativo, los agentes de policía dispararon al menos en dos oportunidades contra Néstor Uzcátegui, y lo mataron, sin que haya sido demostrada la legitimidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza letal. En ese mismo operativo, los hermanos de Néstor [Luis Enrique y Carlos Eduardo] fueron detenidos sin previa orden judicial, no se les informó sobre los motivos de la detención y no fueron inscritos en el registro de detenidos. Posteriormente, cuando Luis Enrique emprendió acciones judiciales y mediáticas en búsqueda de justicia por lo ocurrido, él y su familia fueron objeto de amenazas y hostigamiento por las mismas fuerzas de seguridad del estado Falcón, y fue sometido a un juicio penal por difamación para intimidarlo e inhibir su libertad de expresión (y sus denuncias), todo lo cual lo obligó a cambiar con frecuencia de domicilio e incluso a trasladarse fuera del estado Falcón.

A juicio de la CorteIDH, “el Estado” (insisto, no necesariamente el Presidente Chávez) tenía conocimiento del riesgo que corrían Luis Enrique Uzcátegui y su familia, y a pesar de ello, el Estado no realizó acciones suficientes y efectivas para prevenir las amenazas y los hostigamientos, y por tanto, incumplió con su deber de adoptar las medidas necesarias y razonables para garantizar efectivamente sus derechos a la integridad personal y a la libertad de expresión. Finalmente, la CorteIDH comprobó que las investigaciones realizadas por las autoridades venezolanas para esclarecer estos hechos, “no fueron realizadas con debida diligencia ni cumplieron con el requisito de plazo razonable”.

Con base en lo anterior, la CorteIDH concluyó que “el Estado de Venezuela” es responsable por la violación de diversos derechos fundamentales contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en razón de ello ordenó diversas medidas de reparación a los miembros de la familia Uzcátegui. Específicamente, le ordenó al Estado Venezolano: a) Conducir eficazmente la investigación penal de los hechos a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea; b) Examinar las eventuales irregularidades procesales e investigativas relacionadas con el presente caso, y de ser procedente, sancionar la conducta de los funcionarios públicos correspondientes; c) Brindar atención psicológica a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten; y, d) Indemnizar económicamente a las víctimas; entre otras.

El lector podrá percibir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ningún momento culpó o responsabilizó al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por la violación de algún derecho. Por el contrario, de su sentencia se desprende que la violación de los derechos humanos es imputable a un grupo de funcionarios policiales del estado Falcón, adscritos al Poder Ejecutivo estadal (en aquel entonces dirigido por el gobernador Jesús Montilla), y a un grupo de funcionarios nacionales responsables de investigar y sancionar estos delitos, que aparentemente procedieron de manera negligente.

El Presidente Chávez normalmente se molesta con estas sentencias de la CorteIDH, y precisamente lo que le pedí la semana pasada fue recibir de buen ánimo los cuestionamientos de los opositores o, como en este caso, la sentencia de un tribunal imparcial que juzgó la conducta de un grupo de funcionarios públicos y llegó a la conclusión de que esos funcionarios (no necesariamente el Presidente Chávez) violaron los derechos humanos de la familia Uzcátegui. Por ser funcionarios públicos, “el Estado” es institucionalmente responsable de esas violaciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los personalmente comprometidos, que al decir de la Corte aún no se ha establecido, o no se estableció oportunamente.

Lo que le debemos (todos) pedirle al Presidente Chávez es entender que cuando un ciudadano presenta una denuncia en Globovisión (porque en Venezolana de Televisión no se lo permiten), o cuando un diputado opositor pide a la Asamblea Nacional investigar un delito o una irregularidad administrativa, o cuando un tribunal establece la responsabilidad de un funcionario público, no implica un ataque “personal” en su contra. Lo que ese ciudadano (incluso chavista), ese diputado o ese tribunal normalmente quieren es promover correctivos y mejorar la eficiencia de la gestión gubernamental, o sancionar a un funcionario que lo está haciendo mal o cometió un delito.

El Presidente Chávez no tiene por qué molestarse con esta sentencia de la CorteIDH. Nadie dijo que él mató, torturó o persiguió a los miembros de la familia Uzcátegui. Nadie lo acusó de negligencia en la investigación (pues no es de su competencia). Lo que sí debe preocupar al Presidente Chávez, en su condición de Jefe del Estado, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue siendo el único tribunal donde encuentran protección y tutela judicial las víctimas de masacres como la de El Amparo (1988), la de el Retén de Catia (1992) o la de “El Caracazo” (1989); las víctimas de desapariciones forzadas durante la tragedia del estado Vargas (1999); o las familias Barrios y Uzcátegui, cuyos integrantes han sido asesinados y perseguidos por funcionarios policiales venezolanos desde 1998. Ninguna de estas sentencias ha condenado personalmente al Presidente ni a los altos funcionarios de su gobierno, y en todos estos casos, las víctimas han sido ciudadanos humildes, de escasos recursos económicos.

Lo que debe preocupar al Presidente Chávez, si de verdad cree en la justicia, es que a pesar de las promesas que trajo el proceso constituyente en 1999, Venezuela sigue careciendo de un Poder Judicial independiente e imparcial que haga justicia y combata la impunidad frente a los abusos que cometen algunos funcionarios policiales y otros al servicio del Estado. Debe preocuparle que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido, gracias a su independencia e imparcialidad, las únicas instancias encontradas por algunos ciudadanos para defender sus derechos humanos y hallar justicia, y aún así, el Presidente denunció recientemente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y privó a los venezolanos de estos tribunales de protección, en flagrante violación de los artículos 2; 19; 23 y 339 de la Constitución.

Lo que debemos exigirle al Presidente de la República y a los titulares de los demás poderes públicos es que cumplan con la sentencia, reparen a las víctimas y hagan justicia. Que comprendan que los derechos humanos (todos) no tienen ideología. Esta es una buena oportunidad para que el Presidente reciba con sentido constructivo un cuestionamiento legítimo y fundado a la actuación de una policía estadal y a la investigación de las autoridades judiciales en ese caso, y se disponga reparar a las víctimas, respetando los ámbitos de competencia.

Lo que debemos exigirle al Presidente de la República, una vez más, es que rectifique su decisión, respete cabalmente los derechos humanos de todos los venezolanos, retire la denuncia de la Convención y nos regrese (a todos) el derecho que nos arrebató de acudir a los tribunales internacionales de protección de nuestros derechos, al que nos hemos visto forzados a acudir porque los tribunales de Venezuela no los protegen. ¡Sería un excelente gesto de rectificación!

 Twitter: @RicardoAntela