lunes, 21 de abril de 2014

 

Analistas

27 / 07 / 2012
- 09:28:49
Un retiro que nos agrede a todos
Un retiro que nos agrede a todos
Ricardo Antela / Globovisión
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 350

El presente artículo es para llamar la atención de los venezolanos con relación a la decisión del Presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Hugo Chávez, de “retirarse” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). La CorteIDH es un tribunal creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya competencia para juzgar de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de los derechos humanos (DDHH) contemplados en esa Convención, fue reconocida por Venezuela el 24 de junio de 1981. Por lo tanto, para que Venezuela pueda “retirarse” o escapar a la jurisdicción de la CorteIDH, es indispensable que el Gobierno denuncie la totalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y renuncie a la aplicación total de ese Tratado en el territorio de Venezuela.

La CADH es un tratado internacional impulsado en 1969 por un grupo de países americanos para consolidar en nuestro continente un régimen de libertad y de justicia social, fundado en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, y eso justificaba (y aún justifica) una protección internacional complementaria a la que (no) ofrecen las leyes y los tribunales de cada país. Es por ello que la CADH reconoció derechos fundamentales, le impuso a los Gobiernos de América la obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales; y creó un tribunal supranacional para garantizar la plena efectividad de los DDHH reconocidos en la Convención.

La inminente denuncia de la CADH, decidida por el Presidente Hugo Chávez, le permitirá al gobierno de Venezuela:

·      Evadir su obligación internacional de respetar derechos fundamentales de TODOS los venezolanos, como la vida, la libertad personal, el debido proceso, entre otros; ·     Eludir su obligación internacional de garantizar a TODOS los venezolanos la plena efectividad de derechos como la educación, el empleo, la salud, la seguridad social, entre otros derechos sociales; y, ·     Escapar a la jurisdicción de un tribunal supranacional que ofrece a TODOS los venezolanos protección internacional extra, cuando los tribunales de Venezuela no han sido efectivos en la protección de sus DDHH.

La denuncia unilateral del gobierno del Presidente Hugo Chávez, de renunciar a la CADH, infringe la Constitución de 1999, la cual predica la garantía universal y la preeminencia de los DDHH (Preámbulo y art. 2). La protección de los DDHH es una garantía universal que asegura la preeminencia de esos derechos, incluso por encima de la soberanía de los Estados, cuyos gobiernos no pueden prevalerse de este principio para derogar tratados de DDHH ni para incumplir sentencias de instancias supranacionales.

La decisión presidencial de renunciar a la CADH igualmente infringe el principio de progresividad contenido en el artículo 19 de la Constitución, que impone al gobierno de Venezuela la prohibición de desmejorar la protección de los DDHH y de desconocer los progresos alcanzados en las normas nacionales e internacionales. Y exige que la regulación y protección de los DDHH sea siempre para avanzar, y no para disminuir derechos que los venezolanos conquistamos desde antes de la Constitución de 1999.

Asimismo, la decisión del Gobierno de Chávez de denunciar la CADH quebranta el derecho de toda persona a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales, para solicitar el amparo a sus DDHH, explícitamente reconocido por el artículo 31 de la Constitución y el artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana, derecho este que el gobierno del Presidente Chávez se propone derogar arbitrariamente.

Vale decir, adicionalmente, que el pueblo de Venezuela le confirió jerarquía constitucional a los tratados sobre DDHH en general (Art. 23 Constitucional), y específicamente a la CADH y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mencionados explícitamente por el artículo 339 de la Carta Magna.  Al haberse integrado al bloque de la constitucionalidad, la CADH no puede ser unilateralmente renunciada por el Gobierno de Venezuela ni por algún otro órgano del Poder Público, sin vulnerar los artículos 23 y 339 de la Constitución.

No conforme con lo anterior, la decisión presidencial de renunciar a la CADH configura un incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno del Presidente Chávez en la Carta Democrática Interamericana, mediante la cual, el gobierno de Venezuela y demás países de América se comprometieron a fortalecer el sistema interamericano de protección de los DDHH, y reconocieron el derecho de los ciudadanos a interponer denuncias o peticiones ante el referido sistema interamericano (Art. 8).

No obstante lo señalado, el Presidente Hugo Chávez pretende justificar su decisión de eliminar en Venezuela un tratado de protección a sus DDHH, con el pretexto de que una reciente sentencia de la CorteIDH (caso Díaz Peña) “deja al descubierto su complicidad con la política de protección a los terroristas”. Esta sentencia no se pronunció sobre los delitos cometidos por el señor Díaz Peña, ni objetó la condena impuesta por los tribunales venezolanos. La CorteIDH se limitó a cuestionar las condiciones de su detención en la sede de la antigua DISIP (El Helicoide) y concluyó que los procedimientos empleados por el gobierno de Venezuela fueron tratos inhumanos y degradantes. Los venezolanos deben saber que, para beneficio de todos los venezolanos, y en especial de los reclusos o privados de libertad, la CorteIDH le ordenó al gobierno de Venezuela que adopte, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de detención en el Control de Aprehendidos de la anterior Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) -actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN)- ubicado en El Helicoide de la ciudad de Caracas, Venezuela, se adecuen a los estándares internacionales relativos a esta materia.

En particular, el Estado debe asegurar que toda persona privada de su libertad viva en condiciones compatibles con su dignidad humana, entre las que se encuentren, inter alia: a) celdas ventiladas y con acceso a luz natural; b) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente privacidad; c) alimentación de buena calidad, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de la salud y fuerza de la persona privada de libertad; y d) atención en salud necesaria, adecuada, digna y oportuna.

La CorteIDH ha sido el único tribunal del mundo donde encontraron protección y tutela judicial las víctimas de las masacres en El Amparo (1988), el Retén de Catia (1992) y “El Caracazo” (1989); las víctimas de desapariciones forzadas durante la tragedia del estado Vargas (1999); así como la familia Barrios, cuyos integrantes han sido asesinados y perseguidos por funcionarios policiales venezolanos desde 1998. Ninguna de estas condenas ha sido imputable personalmente al Presidente ni a los altos funcionarios de su gobierno, y en todos los casos, las víctimas han sido ciudadanos humildes, de escasos recursos económicos.

En tiempos anteriores de dictaduras, guerras civiles y violencia armada interna, y aún en tiempos modernos de democracias incipientes con poderes judiciales débiles, la ComisiónIDH y la CorteIDH, gracias a su independencia e imparcialidad, han sido una herramienta fundamental para proteger los DDHH en América y procurar justicia frente a situaciones que han comprometido la democracia y el Estado de Derecho. Así ocurrió durante el intento de golpe de Estado en Venezuela, en abril de 2002. En su comunicado de prensa del 13 de abril, la ComisiónIDH cuestionó las detenciones arbitrarias y otras violaciones a DDHH cometidas por el gobierno de facto; deploró la destitución de las más altas autoridades de los poderes públicos (incluyendo naturalmente la del Presidente Chávez); y advirtió que los hechos configuraban una interrupción del orden constitucional.

Los venezolanos no contamos con el Tribunal Supremo de Justicia para que haga cumplir la Constitución en este caso, y le impida al gobierno concretar esta gravísima decisión que menoscaba los DDHH de todos los venezolanos. Por el contrario, la Sala Constitucional del Supremo Tribunal ha justificado reiteradamente el incumplimiento de las sentencias emanadas de la CorteIDH y ha encabezado el movimiento de oposición al Sistema Interamericano, al extremo de pedirle al Gobierno de Venezuela que denunciara la Convención, con el pretexto de que viola la soberanía del País y usurpa funciones al Poder Judicial venezolano (sentencia N° 1939 del 18 de diciembre de 2008).

Los venezolanos debemos comprender que los DDHH y su protección no tienen ideología. Que la Convención Americana protege los derechos de todos los venezolanos, y de todos por igual. Por tanto, es responsabilidad de todos los venezolanos, sin distingo de ideología, movilizarnos y exigir a los Poderes Públicos que respeten nuestros derechos… ¡Todos nuestros derechos! ¡Todos por igual! ¡Y a todos por igual!