jueves, 24 de abril de 2014

 

Nacionales

20 / 06 / 2008
- 05:50:54
Sin lugar recurso contra Resolución dictada por el Contralor General de la República
/ JDG

En sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia fue declarado sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad, ejercido conjuntamente con acción de amparo cautelar, por Sergio Octavio Pérez Moreno, contra una Resolución dictada por el Contralor General de la República. La ponencia correspondió al magistrado Hadel Mostafa Paolini.

Sobre este caso, el 1° de agosto de 2006, el apoderado judicial de Pérez Moreno, interpuso el referido recurso contra la Resolución N° 01-00-000170 del 25 de mayo de 2006 dictada por el Contralor General de la República, a través de la cual fue confirmada la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de 2 años, al haber sido declarado responsable administrativamente por la Directora General (E) de Auditoría Interna del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Alegó que se desempeñó como Director General del Centro Ambulatorio Dra. Bélgica Tovar de Herrera, adscrito al IVSS en la población de Tocuyito, estado Carabobo, durante el año 1998 y el 21 de octubre de 2004, la Dirección de Auditoría Interna del mencionado instituto, lo declaró responsable administrativamente por haber incurrido en violación de los numerales 1 y 13 del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Entre otras incidencias de este caso, el 25 de octubre de 2006, mediante sentencia N° 2.334, la Sala Político Administrativa a los solos efectos del trámite y verificación por parte del Juzgado de Sustanciación de lo atinente a la caducidad, admitió el recurso interpuesto y declaró improcedente el amparo constitucional solicitado en forma cautelar.

 

Pronunciamiento de la Sala

        
En esta ocasión, al pronunciarse la Sala sobre el recurso de nulidad, constató que Sergio Pérez Moreno alegó que la Resolución impugnada vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso, sin embargo la Sala del TSJ indicó que
el Contralor General de la República sí se encontraba facultado para dictar el acto impugnado, “sin que mediara ningún otro procedimiento, por cuanto la Resolución impugnada tuvo como fundamento la declaratoria de responsabilidad administrativa, decisión previa para la cual fue abierto y tramitado un procedimiento, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 115 y siguientes de la hoy derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para la fecha de inicio de la averiguación administrativa”, siendo desechado el alegato.

También se denunció la existencia del vicio de falso supuesto de hecho, sin embargo la Sala señaló que “la generalidad e imprecisión con la que fue planteada la denuncia en cuestión impide precisar cómo el Contralor General de la República al dictar el acto cuestionado fundamentó  su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, lo que obliga a la Sala a desechar la denuncia”.

En cuanto al alegato de desviación de poder en el cual afirma Pérez Moreno incurrió el Contralor General de la República al dictar la Resolución impugnada, la sentencia del TSJ indicó, entre otras cosas, que no basta la simple manifestación hecha sobre la supuesta desviación de poder. Adicionalmente, debe señalarse que aun cuando la representación judicial denunció el vicio de “desviación de poder”, de la lectura del escrito recursivo se desprende que basó su apreciación en consideraciones alusivas a la competencia o no del funcionario actuante, la cual como se indicó anteriormente, sí se encuentra atribuida al Contralor General de la República, por lo que se desestimó el alegato por infundado.

Sergio Octavio Pérez también esgrimió la aplicación retroactiva de la norma contenida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, retroactividad que en el entender del solicitante se manifiesta al haber aplicado la referida disposición legal "vigente a partir 1° de enero de 2002 a situaciones o hechos que ocurrieron en el año 1998.

Al respecto la Sala Político Administrativa precisó que “resulta claro para la Sala, que la sanción de inhabilitación fue impuesta por el lapso de dos (2) años y con fundamento en el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República aplicable ratione temporis. Sobre la base de lo expuesto, mal puede denunciarse que el Contralor General de la República incurrió en violación del principio de irretroactividad de la ley sancionatoria al dictar el acto impugnado, motivo por el cual se desestima el alegato esgrimido por la representación judicial del recurrente.”