domingo, 20 de abril de 2014

 

Analistas

08 / 11 / 2012
- 10:45:54
Llegamos tarde (otra vez)
Llegamos tarde (otra vez)
Ricardo Antela / Globovisión
Cuando los nazis vinieron a por los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté, porque yo no era judío.

Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.”

Martin Niemoeller, 1939

 

Hace tres semanas el Ministerio para la Educación publicó en la Gaceta Oficial y de manera inconsulta e intempestiva, la polémica Resolución N° 58 en la cual se establece la normativa y procedimiento para el funcionamiento del Consejo Educativo, que es concebido en la Resolución como “el conjunto de colectivos sociales vinculados con los centros educativos” y que a partir de ahora será –o debe ser– la “instancia ejecutiva” con la responsabilidad de gestionar (en cada colegio y liceo) las políticas educativas (Art. 3) fijadas por el Estado Docente.

Uno de los –muchos– aspectos que ha llamado la atención y preocupación de algunas familias es que este nuevo Consejo Educativo deberá conformarse en cada plantel, no sólo con los padres, madres, representantes, responsables, estudiantes y docentes de cada institución (corresponsables naturales del proceso educativo); sino también con los trabajadores –empleados y obreros– de cada colegio (aunque no tengan hijos estudiando allí) y con voceros de las organizaciones comunitarias del poder popular vinculadas con la institución educativa (Art. 4). Estas organizaciones comunitarias son los consejos comunales y otras formas del pueblo organizado, constituidas en el entorno del plantel “para que las personas involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollen niveles superiores de conciencia política” (Art. 9 Ley Orgánica del Poder Popular).

La Resolución 58 contiene aspectos discutibles que infringen la Constitución y que intentaré explicar en próximas entregas de esta columna. En esta primera quiero destacar solamente que si bien fue publicada de manera inconsulta e intempestiva –lo que de por sí la hace ilegal– el contenido de la Resolución no ha debido sorprendernos pues ya desde 1999, el Gobierno del Presidente Chávez ha tenido siempre la pretensión de convertir a las escuelas de Venezuela en “centros de quehacer comunitario” y de imponer en ellas la “participación comunitaria”, para incorporar en el seno de la comunidad educativa a “diversos actores comunitarios en roles protagónicos de la gestión escolar”.
  1. Así se evidencia en el Proyecto Educativo Nacional (PEN) presentado en 1999 por el entonces Ministro de Educación –hoy día Ministro de Energía Eléctrica– Héctor Navarro [1]: “La educación que queremos tiene un espacio de concreción: la escuela. Pero no como la institución escolar que conocemos, sino como ESCUELA COMUNITARIA donde se materializa la prefiguración de la nueva sociedad en construcción.”. Esta propuesta de escuela –añadía el documento– debe tener como característica el “conectarse con las experiencias organizativas de base donde se ejerce directamente la democracia”, como juntas vecinales, comités de salud o de tierra [consejos comunales], clubes deportivos, cabildos y asambleas populares. De esta manera, el espacio escolar sería –según la propuesta del Ministro– “un eslabón del poder popular local” y “un espacio de resistencia cultural y de contrahegemonía,… [para] enfrenta[r] la penetración de valores y saberes ajenos”.
  2. Dos años después (en el 2001) el Ministro presentó una versión actualizada y ampliada del PEN [2]. Este nuevo texto tuvo la originalidad de pretender justificar la propuesta del Gobierno en supuestas exigencias constitucionales, y fue así como se señaló que las premisas de soberanía política y democracia [establecidas en el artículo 6 de la Constitución y aplicables solamente al gobierno de la República y de las entidades políticas que la componen], “no sólo impregnan el espacio público de la sociedad política, sino que deben normar todas las estructuras organizativas de la sociedad civil: sindicatos, gremios, asociaciones, ONGs.”.
Con base a semejante afirmación (cuyo perfil totalitario y lesivo a los DDHH explicaremos en un próximo artículo), el nuevo documento propuso superar las posturas tradicionales sobre la enseñanza y en su lugar, “se asume la educación permanente, que trasciende las paredes de la escuela, y la vincula a la vida comunitaria y a los medios de comunicación”, de este modo, el Proyecto Educativo del gobierno concibe a la escuela como “una sociedad en miniatura actuando dentro de los postulados de la nueva República Bolivariana”.

El documento del 2001 fue más completo que el anterior y estableció que “en el desarrollo del currículo –nada menos que el plan de estudios a seguir por nuestros hijos– son vitales la implicación y participación de todos los actores del proceso educativo: directivos, docentes, alumnos, padres, representantes, –pero también– administrativos, obreros y comunidad para lo cual se sugiere una ‘Asamblea Educativa Permanente’…”. Además de entrometer a los trabajadores y a los consejos comunales en el diseño y desarrollo del currículo, el Proyecto Educativo Nacional señala que no puede ser cualquier cosa, sino que debe ser el “eje central o línea maestra” que responda a la política educativa del Gobierno, y más aún, “debe contener los elementos de transformación que generen los cambios deseados en la sociedad, fundamentado en el marco conceptual e ideológico que se ha postulado [socialismo]…”.

Las escuelas no deben ser solamente “un eslabón del poder popular local”, como propuso el Proyecto de 1999. En el documento del 2001 se va más allá y se sostiene que “[l]a descentralización –exigida por la Constitución– debe dirigirse hacia la autonomía y democratización de los procesos político-administrativos en la escuela”, y en esta perspectiva, “… el poder debe estar centrado desde abajo, partiendo del núcleo organizacional como lo es la escuela,… considerando la escuela como centro del quehacer comunitario”.

En conclusión, cierra el documento oficial del Ministerio, “[l]a educación que queremos –la que quiere el Gobierno–,… tiene un espacio de concreción: la escuela. Pero no como la institución escolar que conocemos, sino como ESCUELA COMUNITARIA o ESCUELA BOLIVARIANA, en donde se concreta y materializa la corresponsabilidad de los actores del proceso educativo y se destaca el nuevo rol de las familias en la ciudadanización de la nueva sociedad en construcción…”.
  1. Cuatro años después (junio de 2005), la entonces Directora Nacional de Comunidades Educativas –hoy día diputada por el PSUV a la Asamblea Nacional– Xiomara Lucena, intentó implementar este modelo de escuela y puso a circular un Proyecto de Normativa sobre la Comunidad Educativa Bolivariana [3]. Esta debía ser –según la propuesta– “un espacio democrático de carácter social comunitario, cooperativo, organizado, participativo, protagónico y solidario…”, y estaría conformada por los padres, madres, representantes, estudiantes y docentes; pero también por el personal administrativo y obrero de la institución; y eventualmente, en proyectos específicos, por representantes de las organizaciones comunitarias locales (Art. 2°).
  2. En agosto de 2009 este modelo de Escuela Comunitaria o Bolivariana finalmente se concretó gracias a la publicación oficial –también inconsulta e intempestiva– de la Ley Orgánica de Educación [4], posteriormente impugnada ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sin que haya sentencia alguna. En dicha Ley se estableció que “los consejos comunales… y demás organizaciones sociales de la comunidad, en ejercicio del Poder Popular y en su condición de corresponsables en la educación, están en la obligación de contribuir con la formación integral de los ciudadanos,… ejerciendo un rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía con responsabilidad social” (Art. 18). Para ello, se reprodujo la propuesta del 2005 y se estipuló que “[l]a comunidad educativa es un espacio democrático, de carácter social comunitario, organizado, participativo, cooperativo, protagónico y solidario…”, integrada por los padres, madres, representantes, responsables, estudiantes y docentes, pero también por los trabajadores administrativos, los obreros y los voceros de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones educativas (Art. 20).
  3. Finalmente, en diciembre de 2010, pocos días antes de comenzar una nueva legislatura con los diputados recientemente electos, la Asamblea Nacional “moribunda” sancionó –otra vez de forma inconsulta e intempestiva– siete leyes que organizan y conforman el llamado Poder Popular [5], en cuyo contexto deben leerse las normas del sector educativo pues en ese cúmulo de leyes se organiza con rigurosa precisión en qué consiste ese Poder Popular, cuáles son sus fines (construir las bases de la sociedad socialista y promover los valores y principios de la ética socialista) y cuáles las organizaciones que pueden ejercerlo. Estas leyes fueron también impugnadas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sin que haya sentencia alguna.
La crónica anterior evidencia que desde 1999, el Gobierno del Presidente Chávez ha venido avanzando en su propósito de aplicar a todas las organizaciones de la sociedad civil (incluso las privadas), los principios de soberanía y democracia exigibles (solamente) a las instituciones políticas previstas en la Constitución; de transformar a los centros educativos en “centros de quehacer comunitario”; de incorporar en la comunidad educativa a los trabajadores de las escuelas y a los voceros de los consejos comunales, incluso con capacidad para que ellos participen en la dirección administrativa y académica de los planteles; y de convertir a las escuelas en “el primer eslabón del poder popular”, obligadas –por tanto– a promover la sociedad y la ética socialista.

La Resolución 58 es otro paso más en todo este proceso. En su lectura se percibe con claridad que la Resolución es la ejecución perfecta del desarrollo ideológico y legislativo avanzado desde 1999. Por eso digo que llegamos tarde (otra vez). La mayoría de los padres y representantes nos hemos distraído y no prestamos suficiente atención a que el Gobierno avanzaba en su propósito de “comunitarizar” a las escuelas donde estudian nuestros hijos, de transformarlas en centros comunitarios del Poder Popular para desarrollar niveles superiores de conciencia política socialista, y de convertirlas en espacios de resistencia cultural y de contrahegemonía, que permitan enfrentar la penetración de valores y saberes ajenos a la ideología dominante: el socialismo.

La Ministra para la Educación, Maryann Hanson, prometió recientemente que en los próximos días publicaría un “alcance” para “flexibilizar” la aplicación de la Resolución 58, y revisaría su contenido para aclarar las dudas y adaptarlas a las exigencias de los centros educativos. ¿De verdad puede confiarse en que salvo algunos retoques o ajustes cosméticos, el Gobierno modificará sustancialmente la Resolución y eliminará los vicios (de origen) que padece? ¿Cómo puede flexibilizarse una Resolución en cuyo preámbulo se afirma que se están cumpliendo exigencias de la Constitución y de la Ley Orgánica de Educación? ¿Realmente puede creerse que voluntariamente el Gobierno dará marcha atrás en un proyecto ideológico cuidadosamente trabajado y avanzado durante 12 años?

¡Nunca es tarde para llegar! Es tiempo de asumir la defensa de la Constitución y de los derechos que nos garantiza la Carta Magna. No aceptemos que con el pretexto de la solidaridad, la justicia, la igualdad y otros valores que compartimos la mayoría de los venezolanos (y que están en la Constitución), se pretendan menoscabar otros valores también compartidos y establecidos en la Constitución como el pluralismo, la libertad, el derecho a desarrollar libremente nuestra personalidad y el derecho a decidir libremente sobre la educación de nuestros hijos. Nuestras libertades no se flexibilizan a conveniencia de un gobierno o de una ideología política. No creamos en falsas promesas y defendamos la Constitución con las armas que ella misma nos da (Arts. 68; 333; 334 y 350).

Les cuento más en la próxima entrega.

@RicardoAntela

 

[1]   Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. (1999). Proyecto Educativo Nacional: Postulados y la escuela como centro de quehacer comunitario. Revista Intervías Educativas, Año 4, N° 11. Octubre – Diciembre 2000. Págs. 249-252.

[2]   Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. (2001). Proyecto Educativo Nacional: Aspectos positivos. Revista Intervías Educativas, Año 5, N° 12. Enero – Marzo- 2001. Págs. 87-104.

[3]   Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Dirección Nacional de Comunidades Educativas (2005). Proyecto de Normativa sobre la Organización y Funcionamiento de la Comunidad Educativa Bolivariana. Disponible en línea: http://uelv.com.ve/2proy_edu.htm.

[4]   Asamblea Nacional. (2009). Ley Orgánica de Educación. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.929 Extraordinario. Agosto 15, 2009.

[5]   Ley Orgánica del Poder Popular; Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular; Ley Orgánica de Contraloría Social; Ley Orgánica de las Comunas; Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Disponibles en línea: http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=372.