miércoles, 16 de abril de 2014

 

Economía

04 / 05 / 2012
- 04:05:24
"Ley Contra Estafa Inmobiliaria aleja aun más solución a la crisis de viviendas del país"
/ SCZ
"¿Será que se le abrirán procedimientos a aquellos personeros del Gobierno que a través de la Gran Misión Vivienda han entregado unidades sin las habitabilidades y los servicios públicos respectivos?"

"¿Quién va a construir en Venezuela?", expresó con preocupación el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, en referencia a la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, que fue publicada en Gaceta Oficial Nº 39.912. Agregó que ese texto fue redactado con fines políticos y que perjudica la creación de nuevas viviendas.

Martini Pietri señaló que se genera una mayor centralización y burocracia porque la Ley crea la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Viviendas y Hábitat, que ejercerá todo lo concerniente a la regulación, permisería y control, que hasta ahora ejercen las ingenierías municipales y los entes descentralizados.

Inclusive, la Dirección llega a los extremos de determinar los ilícitos y las sanciones, aún por encima de los tribunales de la República, recalcó.

La Ley establece el precio fijo de un proceso que no puede durar más de 24 meses, obviando la realidad que existe en términos de inflación y en escases de materiales para los promotores y constructores del sector privado. “Pretender que todos los urbanismos y construcciones del país, sin discriminar su tamaño, se van a realizar en menos de 24 meses obviando, entre otras cosas, la escases de materia prima que existe, hace de este compromiso algo difícil de alcanzar”, manifestó.

Lo punitivo de la Ley se ve cuando, ante un escenario complicado para el desarrollo inmobiliario, se castiga a los promotores imponiéndoles una multa de 2 Unidades Tributarias y la obligación de pagar el alquiler de su cliente por cada día de retraso en la entrega de la obra. El presidente de la Cámara mostró su preocupación por la discrecionalidad para valorar el hecho de la estafa inmobiliaria y destacó como grave que en caso de paralización del proyecto se prevé la intervención del mismo y su ocupación.
Martini Pietri comentó que con la normativa se crea un régimen especial distinto al previsto en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, lo que resulta inconstitucional y conlleva interferencias en el régimen municipal.

También se creará, a partir de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, un registro nacional de constructoras, contratistas, productoras, y promotores, que se verán sometidos a su vez a una normativa específica, aclaró.

Si bien no se niega la necesidad de regular las faltas que pudiesen cometer las personas, ya sean desarrolladores o compradores, la creación de una Ley que esté enfocada en criminalizar el trabajo de la promoción de viviendas reduce la iniciativa privada, que es parte fundamental de la solución a los problemas habitacionales del país, expresó.

Martini Pietri, estando de acuerdo con el artículo 42, donde se prevé las responsabilidades civiles, penales y administrativas a los funcionarios y/o funcionarias públicas que autoricen las ocupaciones de los urbanismos sin el otorgamiento de las habitabilidades respectivas, se pregunta: “¿Será que se le abrirán procedimientos a aquellos personeros del Gobierno que a través de la Gran Misión Vivienda han entregado unidades sin las habitabilidades y los servicios públicos respectivos?”.

Reflexionó que si el objetivo es estimular al sector privado para el desarrollo de más viviendas a fin de subsanar el problema del déficit habitacional de más de 2 millones 700 mil unidades, esta nueva Ley tampoco es la respuesta adecuada, por lo que cabe pensar que se busca eliminar la promoción inmobiliaria, afectando igualmente la propiedad privada de los venezolanos.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en consonancia con la labor que ha realizado todos estos años, denuncia que la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria no sólo perjudica al aparato productivo, sino que afecta a los millones de personas de escasos recursos que están a la espera de una vivienda digna. En este sentido, el gremio seguirá levantando su voz a un marco legal punitivo e injusto, y se reserva todas las acciones que los medios democráticos le permitan.