viernes, 25 de abril de 2014

 

Analistas

02 / 12 / 2012
- 02:24:59
La Afiuni, violada por Miraflores
La Afiuni, violada por Miraflores
Asdrúbal Aguiar / Globovisión
La autorizada y oportuna afirmación de Alberto Arteaga, quizás el más acabado de nuestros catedráticos de Derecho penal, señalando que la Fiscal General de la República tiene el deber inexcusable de investigar la violación agravada de la integridad física y personal que sufre la juez María Lourdes Afiuni, encontrándose bajo privación de su libertad, no reclama de agregados. Se trata de un axioma. Es una verdad objetiva si se quiere, conforme a la justicia y al Derecho, sea el interno o el Derecho internacional de los derechos humanos al que se encuentra atada nuestra Constitución.

Las argumentaciones en contra  de lo anterior, proferidas por la misma Fiscal General y sus colaboradores - que bien recuerdan sus omisiones de comportamiento al exigírsele investigar tanto los delitos de su antecesor, Julián Isaías Rodríguez Díaz, relacionados con  asesinato del Fiscal Danilo Anderson, como el tráfico ilícito de una maleta "oficial" de dinero destinada a favorecer la candidatura de la hoy presidenta de la Argentina, o bien los vínculos con el narcotráfico que se le imputan a altos miembros del estamento militar - apenas refuerzan lo que es una máxima de la experiencia. Más allá o más acá de la eventual falta de formación jurídica que pueda acusar la cabeza del Ministerio Público, en cualidad que comparte con su colega la Procuradora General, lo veraz es que no da un paso ni toma decisión alguna que no sea bajo instrucciones del constituyente perpetuo y supremo de Venezuela, Hugo Chávez Frías. No por azar la otra dama del poder, la presidenta del Tribunal Supremo, hace tesis del credo de sus colegas magistrados:  !Dentro del socialismo todo vale, fuera de él nada!



Nunca permitirá la Fiscal, por lo mismo, que una investigación penal adelantada por el organismo a su cargo toque los "intereses" del régimen al que sirve. Su obsecuencia y asiduidad a los actos políticos que organiza y las órdenes que en público hasta le imparte su Comandante Presidente y ella acata a pie juntillas, hacen inútil cualquier intento de la opinión pública para desviarla de su camino. Es vano demandarle servir a la ley, salvo que, como es probable, la confunda con aquél.



Aún así, como el registro de todo cuanto ocurre en el curso de los 14 años de revolución, signados por políticas públicas que prohíjan mutaciones constitucionales y legales para ajustar los textos normativos - haciéndolos decir lo que no dicen - en modo de asegurar la impunidad de los afectos al proceso y castigar de modo implacable a sus disidentes, se hace necesario dejar constancia del caso Afiuni para el inevitable día después.



Ese llega y les llega a todos los gobernantes por poderosos que se crean, fatalmente y por obra de la misma anacyclosis a que está sujeta la historia universal de los hombres y de los pueblos: Todo nace, todo crece y se desarrolla, todo muere. Venezuela y su historia, construida y en mudanza al cabo de cada ciclo generacional - entre 25 y 30 años - no es la excepción. El todopoderoso Napoleón Bonaparte terminó sus días en medio del océano y en una solitaria isla hasta la que no llega murmullo humano alguno: Santa Helena. De modo que, quiéralo o no le llegará su hora a la Fiscal. Habrá de rendir cuentas, y a buen seguro recitará de memoria, para su beneficio y en su hora nona, el catecismo de sus derechos, las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos que tanto desprecia y le niega en su valor a la Afiuni.



El Estado - léase el Comandante Presidente de quien dependen las cárceles, la Fiscal que debe velar y hacer valer la autoridad de la ley dentro de las mismas, y al paso la inodora Defensora del Pueblo, que ha de cuidar de los derechos humanos de los privados de libertad - tiene la obligación de respetar tales derechos y garantizarlos. Mal puede excusarse en la falta de ley o su defecto o ineficiencia, menos puede escudarse tras el consentimiento o la omisión - si fuere el caso, en su indefensión y bajo la presión de los miedos - que haya dado cualquier víctima de graves violaciones a su dignidad humana. Esto es elemental.



Los actos de violencia y esclavitud sexual a los que se ve sometida la Afiuni - constitutivos de verdaderos crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles - son obra y responsabilidad, pues, del Comandante Presidente, por cuanto éste tiene la obligación de cuidar y proteger a quienes permanecen bajo reclusión en las cárceles a su cargo y bajo su cuidado. El Ministerio Público es responsable directo de dicha violación, por omitir sus deberes de investigación y persecución penal, y asimismo, coadyuva a tales actos execrables la propia Defensora del Pueblo, al callar y no acompañar como debe a la víctima. Los derechos, en suma, los viola el Estado a través de sus órganos, cuando éstos y aquel no solo actúan irrespetándolos. Los violan al permitir que mermen sus garantías o impedir que se desplieguen a todo pulmón.



Los genocidios y los crímenes de lesa humanidad tienen como ejecutores materiales a muchos operadores o funcionarios estatales: policías, soldados, jueces, fiscales; pero los primeros responsables y quienes son juzgados en primera línea por dichos crímenes son los titulares de los poderes del Estado; esos quienes, de concierto, propician o mantienen silencio ante las políticas sistemáticas o generalizadas de persecución de disidentes o adversarios políticos, que concluyen en actos monstruosos como los que padece la juez en cuestión. Y eso cabe recordárselo a la Fiscal, como hacerlo presente ante la opinión pública que la controla.



En suma, de nada vale el atropello de las leyes de Humanidad que de tanto en tanto prodigan gobernantes quienes a lo largo de la historia son vehículos para el aposento del mal absoluto dentro de sus predios o jurisdicciones. Poco cuenta que desafíen al Derecho y la justicia, o denuncien las obligaciones que éstos les imponen. Se trata de desplantes que poco cuentan en el momento en que llega el día del juicio. Eso lo saben los nazis, y también lo viven en carne propia los jerarcas de los regímenes militares que llega a conocer el mundo occidental. La maldad nunca prescribe y sus autores jamás pueden escapar cuando las víctimas de sus crueldades se deciden hacer valer sus derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación.



! El que quiera ver, que vea!