domingo, 20 de abril de 2014

 

Analistas

20 / 12 / 2012
- 07:52:15
“El que se fue no hace ‘falta’…”
“El que se fue no hace ‘falta’…”
Ricardo Antela / Globovisión
“… Ni hace ‘falta’ el que vendrá”.  Así quiso entenderlo la Asamblea Nacional el pasado 9 de diciembre, cuando autorizó al Presidente de la República para ausentarse de Venezuela por más de cinco días, por motivos de salud, pero se negó a declarar que esta ausencia origine una “falta” temporal del Presidente en el ejercicio de sus funciones.

La autorización de la Asamblea se produjo a causa de la alocución oficial ofrecida un día antes por el propio Presidente, quien declaró públicamente que, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida que lo inhabilite para continuar al frente de la presidencia de la República, o para asumir el nuevo período para el cual fue electo, Nicolás Maduro [Vicepresidente Ejecutivo] debe concluir el [actual] período, y que en ese escenario [de falta absoluta], que “obligaría a convocar a elecciones presidenciales como lo manda la Constitución”, le pide al pueblo elegir a Maduro como Presidente de la República.

Las declaraciones del Primer Mandatario Nacional plantearon ­–por primera vez– la posibilidad de que ocurra no sólo su falta temporal, sino también su falta absoluta, que en su caso sería la falta del presidente en ejercicio (el del período 2007-2012) como la del presidente electo (el del período 2013-2018). Esto obliga a considerar las regulaciones constitucionales, cuya recta aplicación garantizará que la eventual crisis de gobernabilidad se resuelva de conformidad con la Constitución, y no a través de rutas alternas premeditadamente propiciadas por algún sector político para asumir el poder sin contar con la legitimidad que confiere el voto popular o la Norma Constitucional.

“La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.”

Artículo 7 de la Constitución de Venezuela (1999)

I

La primera situación que debe analizarse es cuál es el estatus jurídico actual del Poder Ejecutivo Nacional. En mi opinión, estamos claramente en presencia de una falta temporal del Presidente de la República, pero no porque él haya pedido permiso para ausentarse de Venezuela por más de cinco días, sino porque pidió permiso para ausentarse de sus funciones (por razones de salud). Y propongo esta distinción porque la Asamblea Nacional y algunos colegas juristas han confundido un permiso con el otro.

Un presidente podría ausentarse de Venezuela por más de cinco días para asistir a la cumbre del MERCOSUR o para realizar una gira como jefe del estado, y en tal caso, si bien requeriría autorización de la Asamblea Nacional para viajar, de ningún modo se originaría una falta temporal en el cargo pues, por el contrario, en este caso el Primer Mandatario Nacional se propone viajar precisamente en su condición de jefe del estado, y para ejercer estas funciones en el exterior de la República. El Presidente podría, sin embargo, si es que lo estima conveniente, delegar provisionalmente algunas funciones de gobierno en el Vicepresidente Ejecutivo, pero incluso en este supuesto, el Presidente continuaría en el ejercicio de sus funciones.

La situación es diferente cuando un presidente pide ausentarse de sus funciones por razones de salud. No debe olvidarse –y parece que se ha olvidado– que el Presidente de la República es un funcionario público, por lo tanto, su situación en esta hipótesis es la misma de cualquier funcionario que necesita intervenirse quirúrgicamente (en Caracas, en otro lugar de Venezuela o en el extranjero), y que para ello debe presentarle a su supervisor los informes médicos que comprueban su enfermedad y justifican el permiso para ausentarse de su cargo durante el tiempo necesario. En esta hipótesis no es relevante si el funcionario se opera en un hospital de Venezuela o del extranjero. Lo determinante es que el funcionario, para poder ser intervenido, aún en Caracas, necesita separarse temporalmente del cargo y su suplente –que en este caso es el Vicepresidente Ejecutivo– asume provisionalmente el ejercicio pleno del mismo, con todas las facultades que le son inherentes.

En el presente caso, la Asamblea Nacional actuó de modo correcto al autorizar únicamente el “viaje” al exterior del Presidente de la República, y negarse a declarar la existencia de su falta temporal, pues la Asamblea carece de potestad constitucional para expedir esa declaración. La falta temporal es, sencillamente, una situación de hecho que se da o no se da, y que en este caso surtió plenos efectos jurídicos desde el mismo momento que el presidente Chávez se separó efectivamente de sus funciones y conforme al artículo 234 de la Constitución, asumió el Vicepresidente Ejecutivo como Presidente encargado (incluso sin necesidad de juramentación especial ya que la Constitución le confiere directamente esta atribución de suplir).

A la Asamblea le tocaría intervenir únicamente cuando transcurran 90 días de la falta temporal, en cuyo caso, tendría dos opciones: prorrogarla hasta por 90 días adicionales; o declarar de inmediato la falta absoluta. Pero, como en este caso el período constitucional del Presidente concluirá antes de transcurrir los 90 días, la falta temporal podrá extenderse sin inconveniente alguno hasta el próximo 10 de enero, fecha en la que debe tomar posesión y juramentarse el presidente electo, como lo exige el artículo 231 de la Constitución.

II

La siguiente situación que conviene analizar es que, antes del próximo 10 de enero, ocurra alguna “circunstancia sobrevenida” –como la llamó el Presidente– que lo inhabilite para reasumir sus actuales funciones y asumir como presidente electo para ejercer el período 2013-2018. La solución en este caso está claramente ofrecida en diversos párrafos del artículo 233 de la Constitución.

Hay dos procedimientos jurídicos para que este escenario ocurra. El primero es que el Presidente reconozca voluntariamente su incapacidad y renuncie (por sus declaraciones del 8 de diciembre, pareciera que el presidente Chávez tiene la intención de renunciar si él mismo concluye que no está capacitado para seguir en su cargo). En ausencia de una renuncia, el otro procedimiento es que su incapacidad física o mental permanente sea certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, y así sea aprobado posteriormente por la Asamblea Nacional. Si un presidente renuncia o su incapacidad es constitucionalmente declarada, se configura de inmediato la falta absoluta.

La falta absoluta del presidente en ejercicio se resuelve de conformidad con el aparte último del artículo 233. Como la falta se produjo durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo debe asumir la Presidencia hasta completar dicho período, es decir, hasta el 10 de enero próximo (y así lo anunció acertadamente el presidente Chávez en su alocución del 8 de diciembre). El Vicepresidente se convertiría entonces en Presidente de la República, por el tiempo que resta del período, con todas las facultades inherentes al cargo, incluso la de designar un nuevo Vicepresidente Ejecutivo.

Pero como en este caso, el actual presidente es también el presidente electo, se produce otra falta absoluta, la del presidente electo, que también se resuelve de conformidad con el artículo 233 pero en su aparte primero. En ese fragmento se estableció que cuando se produzca la falta absoluta de un presidente electo antes de tomar posesión, “se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente –el que gane esta nueva elección– “se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.

No hay contradicción alguna entre ambas disposiciones pues se trata de dos faltas absolutas. En el aparte primero se regula la falta absoluta del presidente electo; y en el aparte último, la falta absoluta del presidente en ejercicio. La concordancia de ambas disposiciones lleva a concluir que, en caso de sobrevenir la falta absoluta del presidente Chávez, (1) El vicepresidente Maduro debe juramentarse de inmediato como Presidente para terminar el período constitucional en curso; (2) El Consejo Nacional Electoral debe convocar de inmediato y realizar dentro de los 30 días consecutivos siguientes, una nueva elección presidencial; y, (3) Llegado el 10 de enero y expirado el período constitucional del Poder Ejecutivo Nacional, decae la legitimidad constitucional de los titulares de ese poder y le corresponde asumir la presidencia al Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, que corresponde designar el próximo 5 de enero.

III

La última situación que conviene analizar es que, llegado el 10 de enero, sin que el presidente Hugo Chávez haya renunciado a su cargo ni la Asamblea Nacional haya declarado su incapacidad permanente, el Primer Mandatario continúe enfermo y no quiera (o no pueda) juramentarse. Se trata de un escenario –incapacidad o imposibilidad temporal del presidente electo para asumir su cargo– que no fue explícitamente previsto en la Constitución, y no necesariamente por simple omisión, sino tal vez intencionalmente –y así lo creo yo– con el propósito de que ni la Asamblea ni otro órgano del poder público pudieran manipular arbitrariamente o a su discreción, el período constitucional del Ejecutivo Nacional.

El artículo 231 de la Constitución es enfático al señalar que “[e]l candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”, y no contempla excepciones explícitas a esta fecha. La única excepción está referida al órgano de juramentación pues, al tenor de la norma, “[s]i por cualquier motivo sobrevenido el Presidente de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

De lo anterior se evidencia que fue voluntad expresa del pueblo, del poder constituyente originario, expresada en la Constitución, que el Presidente electo se juramente en una fecha específica –el 10 de enero– y ante un órgano específico –la Asamblea Nacional–, y excepcionalmente ante otro órgano –el Tribunal Supremo de Justicia–, pero sólo cuando hubiere un motivo “sobrevenido” (posterior a su elección y no-previsible). No obstante, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, declaró antier que no descarta postergar la juramentación del presidente electo, Hugo Chávez. A juicio del diputado Cabello, “[n]o se puede someter la decisión de todo un pueblo a un solo día, por más que lo diga la Constitución… No se puede anteponer la rigidez de una fecha a la voluntad popular”.

Ciertamente, la juramentación podría postergarse, pero por razones distintas a las propuestas por Cabello. La juramentación puede postergarse siempre y cuando la incapacidad sea indudablemente temporal y el motivo de la misma sea sobrevenido. Imagine el lector que dos días antes de la juramentación, o incluso temprano en la mañana antes de juramentarse, un presidente electo sufre un accidente doméstico o de tránsito, o es objeto de un atentado, que le causa lesiones y lo obliga a hospitalizarse y gozar de reposo por un tiempo previsible pero que excede al 10 de enero (incapacidad temporal). O imagine que pocos días antes de la juramentación, un presidente electo es secuestrado y no ha sido aún rescatado para el 10 de enero (imposibilidad temporal).

En hipótesis como estas no luce razonable declarar el abandono del cargo porque concurre –a mi juicio– un “motivo sobrevenido” que habilitaría la juramentación por el Tribunal Supremo de Justicia, como lo permite explícitamente la Constitución, pero también, de ser estrictamente necesario, un aplazamiento de la juramentación hasta que se resuelva la situación temporal sobrevenida o transcurra un plazo razonable y máximo de 90 días. En este supuesto y por aplicación analógica del aparte primero del artículo 233, se encargaría del Poder Ejecutivo Nacional el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.

Lo que no puede admitirse, en el caso concreto de lo que hoy ocurre con el presidente Chávez, es que con el fingido pretexto de preservar la voluntad popular expresada el 7 de octubre de 2012, la Asamblea Nacional (o su actual presidente) pretenda postergar indefinidamente la juramentación del presidente electo, a la espera de que Hugo Chávez se recupere y pueda asumir el cargo, sin tener certeza médica razonable de que esto puede ocurrir en un plazo razonable. En este caso concreto, la juramentación del presidente Chávez podrá postergarse, pero solamente si al día 10 de enero, la plenaria de la Asamblea Nacional –y no sólo los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela– tienen certeza de que la incapacidad del presidente Chávez es temporal, y no absoluta, indefinida o por un plazo imprevisible (para ello podría contarse con el dictamen previo de una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia).

Al contrario de lo señalado por el diputado Cabello, la decisión del pueblo sí puede ser sometida a la fecha de juramentación prevista en la Constitución, y la razón es muy sencilla: La fecha del 10 de enero, que el diputado Cabello acusa de rígida, es también producto de una decisión del pueblo expresada el 15 de diciembre de 1999, al aprobarse la Constitución, que por tener rango de decisión constituyente, prevalece sobre la decisión simplemente electoral del reciente 7 de octubre. En 1999, el pueblo decidió como un auténtico poder constituyente; en 2012, el pueblo decidió sólo como cuerpo electoral. Esto lo confirma el artículo 7 del Texto Constitucional al señalar que “todas las personas” (incluso la mayoría del pueblo) estamos sujetos a la Constitución y obligados a cumplirla. Es por ello que la rigidez de la fecha (fruto de la voluntad popular constituyente) puede anteponerse fácilmente a la voluntad popular reciente de naturaleza simplemente electoral.

Lo que también olvida el diputado Cabello es que, si se postergara indefinidamente la juramentación del presidente Chávez, a la espera de que se recupere y pueda asumir el cargo, asumiría indefinidamente la presidencia de la República el mismo diputado Cabello o la persona que el 5 de enero resulte designada en la presidencia de la Asamblea Nacional, con lo cual se configuraría un fraude a la voluntad popular que supuestamente se quiere preservar, toda vez que el presidente de la Asamblea Nacional carece de legitimidad electoral y democrática para ejercer la presidencia de la República. El Vicepresidente Ejecutivo y el presidente de la Asamblea gozan de legitimidad exclusivamente constitucional para ejercer ese cargo, pero sólo porque así lo dispone la Constitución y en los casos específicos que esta contempla.

Diferir la juramentación del presidente Chávez en la forma que aparentemente lo propone el diputado Cabello, propiciaría un “vacío de poder” no querido ni permitido por la Constitución, ocasionaría una ruptura del hilo constitucional y configuraría un auténtico “golpe de estado”, susceptible de activar los mecanismos de protección al orden constitucional y democrático, incluyendo los mecanismos internacionales previstos en la Carta Democrática Interamericana.

Afortunadamente, todo parece indicar que el presidente Hugo Chávez tiene la intención de actuar con responsabilidad y renunciar oportunamente, si es que las circunstancias de su enfermedad así lo exigen, para de este modo configurar la falta absoluta y obligar a la convocatoria inmediata de elecciones (al menos así lo anunció en su alocución del 8 de diciembre). Si el presidente Chávez no pudiera reasumir sus funciones y actuare de este modo responsable, sin lugar a dudas hará una gran contribución a preservar la paz, la democracia electoral y la convivencia democrática en el País, y a prevenir que sectores políticos interesados, con o sin la aquiescencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se desvíen por “trochas” o atajos para evadir el camino trazado por la Constitución.