viernes, 25 de abril de 2014

 

Analistas

22 / 11 / 2012
- 04:43:04
El problema es un conflicto de deberes
El problema es un conflicto de deberes
Ricardo Antela/ @RicardoAntela / Globovisión
La niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad. La familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones de masas y sociales tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la juventud.”

Artículo 40°. Constitución de la República de Cuba

 En el artículo anterior se explicó cómo desde 1999, desde que el Ministerio de Educación preparó el PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL, el Gobierno del Presidente Chávez ha tenido la pretensión de transformar a las escuelas de Venezuela en centros comunitarios del Poder Popular para desarrollar conciencia política socialista; y convertirlas en “el primer eslabón del poder popular”, obligadas a promover la sociedad y la ética socialista y a ser espacios de resistencia cultural para enfrentar la penetración de valores y saberes ajenos a la ideología socialista.

Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Educación publicó recientemente, de manera inconsulta e intempestiva, la polémica Resolución N° 58 en la cual las comunidades educativas fueron eliminadas y sustituidas por los consejos educativos, integrados por los padres, madres, representantes, responsables, estudiantes y docentes de cada institución (corresponsables naturales del proceso educativo); pero también con los empleados y obreros de cada colegio, y con voceros de los consejos comunales y otras organizaciones comunitarias del poder popular. Algunas familias y organizaciones han creído equivocadamente que la Resolución 58 es el origen del problema, han reaccionado contra esta y han pedido su derogación, o al menos su modificación.

Pero esta cuestionada Resolución es, en realidad, la ejecución de un instrumento normativo anterior y de rango superior, al que la Resolución 58 le debe su razón de ser: la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN del 2009 [1]. Esta Ley, si bien fue oportunamente impugnada ante el Tribunal Supremo de Justicia, ha sido tolerada sin mayor resistencia por las familias y los ciudadanos, tal vez porque se ha tenido la expectativa –a mi parecer infundada– de que el Presidente Chávez rectificaría en su propósito de implementarla, o tal vez, de que el Supremo Tribunal la anularía. Pero es la Ley Orgánica de Educación, y no (solamente) la Resolución 58, la norma que debe rechazarse y contra la cual debe ejercerse acción militante y resistencia organizada.

El cuestionable propósito de la Resolución 58 consiste en “democratizar la gestión escolar” con base en el modelo de democracia participativa y protagónica establecido en la Constitución. Y es que para la ideología chavista, los principios de soberanía política y democracia no sólo deben aplicarse al espacio público de la sociedad política (como lo manda el artículo 6 de la Constitución), sino que deben aplicarse también en el espacio privado, a todas las estructuras organizativas de la sociedad civil, incluyendo gremios, asociaciones y organizaciones no gubernamentales (pretensión esta que contraviene los artículos 20 y 52 de la Constitución).

Antes que lo hiciera la Resolución 58, la Ley Orgánica de Educación ya estableció que la democracia participativa y protagónica debe ser un principio de la educación; que la administración educativa se debe fundamentar en los principios de democracia participativa; y que la comunidad educativa debe ser un espacio de carácter social comunitario (Arts. 3; 4 y 20).

Para estos fines, la Ley Orgánica de Educación proclamó explícitamente que los consejos comunales y demás organizaciones sociales de la comunidad, ejercen el Poder Popular y son corresponsables (con el estado y las familias) en la educación de nuestros niños y adolescentes, por lo tanto, están todos en la obligación de ejercer un rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía, y desarrollar una nueva cultura política fundamentada en el Poder Popular y en la escuela como espacio de participación comunitaria, para reconstruir el espíritu público en los nuevos republicanos (citas textuales extraídas de los artículos 15 y 18).

Basada en estas premisas claramente ideológicas, la Ley Orgánica de Educación le impuso al estado (al gobierno) diversas obligaciones, tales como: implementar programas para alcanzar un nuevo modelo de escuela, donde esta sea un espacio abierto para la producción y el desarrollo endógeno, el quehacer comunitario y la organización comunal; garantizar en cada institución educativa la participación de las organizaciones comunitarias y facilitar las condiciones para su participación en la formación, ejecución y control de la gestión educativa; e incorporar a los actores comunitarios como participantes activos de la gestión escolar en los planteles educativos; entre otras (Arts. 5; 6 y 19).

Fue entonces la Ley Orgánica de Educación, y no la Resolución 58, la que ordenó incorporar en la comunidad educativa a los voceros de los consejos comunales y demás organizaciones comunitarias vinculadas al plantel, como protagonistas activos en la formación, ejecución y control de su gestión (Arts. 19 y 20). De este modo se alcanzará el objetivo de convertir a cada colegio y liceo de Venezuela en espacios abiertos todos los días del año, no sólo para educar a nuestros niños y adolescentes, sino también para la “práctica democrática” y el “desarrollo del poder popular” (Resolución 58).

Si tenemos esto claro, tendremos claro también que la promesa hecha por la ministra de educación, Maryann Hanson, de que publicaría un “alcance” para “flexibilizar” la aplicación de la Resolución 58 y adaptarla a las exigencias de los centros educativos, no es creíble. Y no lo es porque, si esta Resolución es una consecuencia necesaria, obligada, de lo que tres años antes aprobó la Asamblea Nacional en la Ley Orgánica de Educación, mal podría la ministra –si es que lo quisiera (y además no lo quiere)– derogar o modificar una Resolución que le da cabal cumplimiento a dicha Ley.

La sociedad libre y democrática tiene el deber de defenderse contra la Ley Orgánica de Educación, exigir su derogación y convocar a la discusión democrática de una nueva ley que respete los principios constitucionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Deben agotarse todos los medios para lograrlo, manifestarse públicamente, insistir en la nulidad de la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia, promover un referéndum abrogatorio, entre otros. Viene a mi memoria lo que escribió John Rawls en 1971: el problema es un conflicto de deberes. ¿En qué punto deja de ser obligatorio el deber de obedecer las leyes promulgadas por una mayoría legislativa, para ejercer el derecho a defender las propias libertades y el deber de oponernos a la injusticia? [2]

@RicardoAntela

[1]   Asamblea Nacional. (2009). Ley Orgánica de Educación. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.929 Extraordinario. Agosto 15, 2009.

[2]   Teoría de la justicia. John Rawls. 2ª Ed. México DF: FCE. 1995. Pág. 331.