jueves, 17 de abril de 2014

 

Analistas

04 / 08 / 2012
- 11:07:34
El derecho de los venezolanos a la reparación
El derecho de los venezolanos a la reparación
Asdrúbal Aguiar / Globovisión
Dos normas de la Constitución de 1999, reforzadas por la Convención Americana de Derechos Humanos y contenidas en los artículos 29 y 30 de aquélla, han de tener presentes quienes asuman la conducción futura de los destinos de Venezuela. Una es la obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos y otra el deber de indemnizar integralmente a las víctimas. Se trata de dos disposiciones que desaparecen del léxico y las políticas públicas durante los últimos 14 años.

No por azar, desbordado por la realidad que pesa sobre sus espaldas y compromete su responsabilidad personal y la de no pocos de sus colaboradores, el todavía mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías, opta por darle un manotazo a la mesa y separa al país del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pero no observa lo fatal y esencial. Los hechos violatorios de derechos, ocurridos o que se sucedan hasta el día en que se haga efectivo el preaviso anual que manda la Convención Americana o Pacto de San José, siguen bajo monitoreo y decisión de la Comisión y la Corte Interamericanas, que no pierden ni ven reducidas sus competencias al respecto. Sobre los crímenes internacionales que eventualmente impliquen tales violaciones de derechos, más allá de la responsabilidad internacional del Estado comprometida, habrán de ocuparse bajo el principio de la jurisdicción universal los Estados por donde transiten los responsables individuales de éstas o la misma Corte Penal Internacional.

Las violaciones y sus cuentas son escandalosas. En conjunto – como hechos ilícitos de carácter continuo, cubiertos tras la omisión judicial estatal deliberada y el manto de la impunidad – muestran la existencia de una política sistemática y generalizada de Estado. Aquellos arrancan desde el día en que ocurre la toma de posesión del hoy gobernante, quien el 2 de febrero de 1999 incita abiertamente al pueblo “necesitado” para que asalte las propiedades y ordena a las fuerzas del orden no impedirlo. Desde entonces hasta ahora, cuando por orden presidencial se relajan las ataduras sociales y se subvierte el orden jurídico e institucional, las violaciones de derechos humanos adquieren la forma de un dramático deslave. Han fallecido por homicidio durante el período en cuestión 155.000 personas, y sólo 14.000 de ellas cuentan con una averiguación penal formal. Si se toma en cuenta que entre las víctimas directas e indirectas de la violencia – como las reconocen la misma Constitución y la Convención – debe contemplarse al núcleo familiar o afectivo material y moralmente afectado, constante de 5 personas en promedio, el total son 775.000 las víctimas de la criminalidad. Y a la falta de investigación y responsabilidad por omisión estatal señaladas cabe ajustar que es el mismo gobierno quien crea el riesgo por acción, al abrirle las puertas al factor determinante de la criminalidad y los llamados “ajustes de cuentas”, el narcotráfico, una vez como pacta un modus vivendi y su alianza con las FARC en agosto de 1999.

Dentro de tales muertes cabe destacar las “masacres”, como la de Miraflores con 20 muertos y 80 heridos de bala y la de Altamira, con 3 muertos y 28 heridos también de bala. Ellas ocurren en 2002 y son procuradas – según confesión del propio ex Fiscal General de la República, Julián Isaías Rodríguez Díaz – por la decisión presidencial de confrontar a la oposición política al costo que fuese, creando de nuevo y por acción el riesgo de las violaciones del derecho a la vida ocurridas, antes que disponer las medidas constitucionales preventivas de emergencia y alta policía que las impidiesen oportunamente.

Allí están, asimismo, los 20.000 trabajadores de PDVSA y sus esposas e hijos, víctimas de la razzia genocida que los expulsa a medianoche bajo amenaza de fusiles militares de las viviendas que ocupan, en un cuadro de víctimas directas e indirectas que fácilmente alcanza a 100.000 personas. E igualmente están los 3.600.000 venezolanos incluidos en la nómina de “muertos civiles” (Listas Tascón y Maisanta) que forma el gobierno a pedido del propio Presidente de la República y con el concurso del actual magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, Francisco Carrasquero, entonces Presidente del CNE.

En el curso de una década y algo más, al ritmo presidencial y arbitrario del ¡exprópiese!, son confiscadas 989 empresas privadas de las que dependen unos 100 trabajadores – propietarios o no - por cada empresa. Ven afectada su estabilidad económica y laboral o en el mejor o peor de los casos pasan forzosamente a la condición de “sirvientes-militantes” del Estado. Puede hablarse así de 494.000 víctimas de violación directa e indirecta de sus derechos a la propiedad y al trabajo por razones netamente políticas; sin contar a los 800.000 venezolanos quienes emigran del país bajo la presión de tales circunstancias y en búsqueda de mejor horizonte. Y podrían agregarse los millones de venezolanos quienes pierden su derecho a la información y libre elección de programas de noticias y entretenimiento para el desarrollo de sus derechos a la personalidad, la participación política, la educación y la cultura, dado el cierre masivo de medios de comunicación – radio y televisión – independientes y la cobertura total de la propaganda oficial.

En suma, no se exagera al señalar – al margen de los listados o las audiencias que ven arrebatados sus derechos civiles y políticos, tachados por contrarrevolucionarios – que unas 2.169.000 personas dejan de ser tales – personas - al ver menguadas sus dignidades. Y esas personas, de carne y hueso, en lo adelante han ser resarcidas, reivindicadas en sus derechos violentados, beneficiadas con el derecho a la memoria de cuanto padecen por obra de la discriminación y para memoria de las generaciones futuras, en fin, deben ser retribuidas con la verdad judicial de los hechos atentatorios a sus derechos y con las indemnizaciones que se correspondan para la hora en que la Constitución y los tratados de derechos humanos vean restablecidos su vigor pleno. Los Estados permanecen, los gobernantes pasan.

correoaustral@yahoo.es