miércoles, 23 de abril de 2014

 

Analistas

09 / 01 / 2013
- 05:58:10
¿Dónde está el Presidente?
¿Dónde está el Presidente?
Ricardo Antela / Globovisión
A sólo 24 horas de la fecha en que –de acuerdo con el artículo 231 de la Constitución– debe celebrarse la toma de posesión de Hugo Chávez como Presidente de la República para el período 2013-2019, está claro ya que el presidente electo no comparecerá ante la Asamblea Nacional para tal propósito y no asumirá sus funciones.

La sesión de ayer en la Asamblea Nacional me hizo recordar lo que ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2002. Aquel día, el entonces Inspector General de la Fuerza Armada, General en Jefe Lucas Rincón, anunció públicamente que el presidente Chávez había (supuestamente) renunciado a su cargo. Los venezolanos que éramos ajenos a la disputa de poder confiamos en la autoridad del funcionario, le dimos credibilidad a su anuncio y asumimos como cierta y válida la supuesta renuncia. No obstante, pocas horas después, el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, denunció que Hugo Chávez podría ser todavía el Presidente porque aún no se había mostrado la constancia de la renuncia. El Fiscal cuestionó la certeza y fidelidad del anuncio reciente y afirmó que si no se mostraba la constancia de la renuncia, Chávez seguía siendo el Presidente. Sólo entonces es que los venezolanos (de buena fe) nos dimos cuenta que no teníamos certeza de la supuesta renuncia, que habíamos depositado nuestra confianza en la (falsa) palabra del general Lucas Rincón y que podría estar en proceso un golpe de estado, como a la postre se confirmó.

Tal como ocurrió en abril de 2002, ayer el Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela le envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional, en la cual el Vicepresidente dijo actuar “En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Frías”, y en relación con su estado de salud, señaló que “el comandante Presidente ha pedido informar” que el proceso de recuperación post quirúrgica deberá extenderse más allá del 10 de enero y que por tanto, no podrá comparecer en esa fecha ante la Asamblea Nacional, “por lo cual se invoca el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a objeto de formalizar en fecha posterior la juramentación correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

Tal como lo hizo el general Rincón en abril de 2002, hoy día el Vicepresidente dice actuar en nombre del presidente Chávez, quien (supuestamente) le pidió informarnos de su imposibilidad de acudir a la toma de posesión, por lo cual se invoca –no queda claro quién lo invoca, si el Presidente o el Vicepresidente– el artículo 231 de la Constitución para formalizar en fecha posterior la juramentación. Y tal como ocurrió en aquel fatídico mes de 2002, hoy día se nos quiere obligar –otra vez– a confiar en la autoridad de un funcionario, otorgarle credibilidad a su palabra (que podría ser falsa, como lo fue la del general Rincón) y asumir como ciertos y válidos los “comunicados médicos” que ha dado el gobierno sobre la salud del Presidente, y esa supuesta voluntad del presidente Chávez de postergar su juramentación.

El partido de gobierno pretende que los venezolanos confiemos en la “palabra” del Vicepresidente, quien dice actuar en nombre del Presidente pero no ofrece una prueba o constancia de ese mandato o encomienda que supuestamente le otorgó el jefe del estado. Se pretende que sin tener (ni ofrecer) certeza sobre el estado de vitalidad y de salud del presidente Chávez, los venezolanos confiemos “a ciegas” en el gobierno y depositemos nuestra confianza en la palabra del Vicepresidente y sus ministros. ¿Acaso ha visto usted que el Seguro Social (IVSS) confíe en la palabra de los hijos o nietos de los pensionados y no les exija la “fe de vida” como condición previa al pago de la pensión?

Lo que se le está pidiendo a los venezolanos es “un acto de fe”, similar al de aquella madrugada en abril de 2002, pero tal como lo hizo el Fiscal General en aquel entonces, los venezolanos tenemos el derecho a cuestionar la certeza o fidelidad de los recientes anuncios gubernamentales, y en especial de sus “comunicados médicos” y de la carta presentada el día de ayer a la Asamblea Nacional. Y mientras no haya constancia de que el Presidente está vivo, y además en condiciones de ejercer el gobierno, persistirá esta incertidumbre razonable y la difusión –que yo no comparto– de rumores inciertos sobre el supuesto fallecimiento o secuestro del Presidente, o sobre su presunto estado de coma, de todo lo cual nadie ajeno a la cúpula del partido de gobierno tiene certeza sobre su veracidad o falsedad.

La única realidad que al día de hoy conocemos los venezolanos “de a pie” sobre el estado de vitalidad y de salud del presidente Chávez es que el jefe del estado sigue (supuestamente) estable o estacionario (o sea, no mejora); que su gravedad es (aparentemente) de tal magnitud, que ni siquiera los presidentes o emisarios de otros países han podido visitarlo personalmente y comprobar con certeza si está vivo o cuál es su estado de salud; y que Chávez no está razonablemente saludable ni siquiera para firmar una petición tan importante y personalísima como la que se presentó el día de ayer.

Es probable (y hasta razonable) que muchos venezolanos se hayan preguntado (o se estén preguntando) si el Presidente esta físicamente bien y si en realidad le pidió al vicepresidente Maduro informar sobre su (supuesto) deseo de postergar la juramentación; o si, por el contrario, los voceros del oficialismo están "interpretando" su voluntad arbitrariamente y de manera diferente a la que el jefe del estado expresó pública y personalmente el 8 de diciembre. Debe recordarse que ese día el presidente Chávez manifestó que, en caso de quedar inhabilitado para “continuar” en sus funciones (en alusión al actual período 2007-2013), el vicepresidente Maduro debía “concluir el período” como manda la Constitución; y que de no poder “asumir” sus funciones (en clara alusión al próximo período 2013-2019), se convocaran elecciones como también manda la Constitución, y en tal caso su deseo es que Maduro sea el candidato de su partido. El presidente Chávez claramente reconoció la diferencia que la Constitución establece entre los dos períodos y admitió que la Constitución reguló solamente la falta absoluta del presidente electo (no la falta temporal); y en función de ello, pidió que se le permitiera al vicepresidente Maduro “concluir el [actual] período” y, de no poder asumir el próximo, que se convocaran nuevas elecciones presidenciales “como manda la Constitución”.

No obstante que esta fue su voluntad “irrevocable” –como él mismo la llamó– y que esta es la única opción ofrecida explícitamente por la Constitución –convocar elecciones por falta absoluta del presidente electo–, los diputados opositores reconocieron ayer que el presidente Chávez podría estar –porque no les consta– en condiciones de recuperarse y juramentarse posteriormente, y en razón de ello propusieron una solución política razonable: aplicar por analogía el artículo 234 de la Constitución y declarar por unanimidad la falta temporal del presidente electo hasta por 90 días, plazo dentro del cual el presidente Chávez podría restablecer su salud y tomar posesión de su cargo para el próximo período. Entretanto y por aplicación también analógica del artículo 233 Constitucional, se propuso encargar provisionalmente del gobierno al presidente de la Asamblea Nacional toda vez que, en virtud de la Constitución, el próximo 10 de enero se extingue el período 2007-2013 y junto con él, decaerá el mandato de los órganos superiores del Poder Ejecutivo.

El partido de gobierno rechazó esta solución, pero no para aplicar la solución explícita prevista en la Constitución (propuesta por el presidente Chávez el 8 de diciembre), sino para promover una interpretación diferente y “pícara”, basada en una lectura textual de puntos y comas del artículo 231 Constitucional, según la cual, el 10 de enero es la fecha tope para juramentarse en el Parlamento, pero no en el Tribunal Supremo de Justicia, donde Chávez podría juramentarse en cualquier momento al concurrir un supuesto motivo sobrevenido. Además –explicó un diputado del Partido Comunista– Chávez está “posesionado” desde 1999 y por tanto, no son dos o más períodos diferentes sino que puede transitar entre uno y otro sin fórmula de juramentación u otro formalismo.

Los diputados oficialistas llegaron a validar semejante argumento, aun cuando el mismo presidente Chávez se juramentó en los años 1999, 2000 y 2007, cada vez que fue ratificado o reelegido en su cargo; y aun cuando la Sala Constitucional del Supremo Tribunal ha sostenido que “el inicio de la acción de gobierno depende de la correspondiente toma de posesión”, en consecuencia, el acto de juramentación del jefe del Ejecutivo constituye una “solemnidad imprescindible” para la asunción de la magistratura que –al decir de la Sala Constitucional– “condiciona la producción de los efectos jurídicos” de la función ejecutiva y el consiguiente desarrollo de las facultades de dirección y gobierno (sentencia del 26/5/2009).

La redacción del Acuerdo finalmente aprobado por la mayoría oficialista en el Parlamento es confusa y deliberadamente indescifrable, para ocultar las consecuencias reales de esta fallida interpretación del artículo 231 de la Constitución, pero confesadas por el presidente de la Asamblea al terminar la sesión: Prorrogar indefinidamente el período constitucional del Poder Ejecutivo y el permiso que en ese contexto se le otorgó al presidente Chávez para curarse en el exterior; postergar indefinidamente la toma de posesión del presidente Chávez; y, entretanto, habilitar a Nicolás Maduro para asumir indefinidamente la condición de Presidente encargado, sin tener legitimidad electoral y constitucional para ejercer la presidencia de la República después del 10 de enero. Esta claro que no es lo mismo un Presidente reelecto (que lo hay) que un Vicepresidente “reelecto” (que no lo hay ni podría haberlo).

Hay razones para sospechar que algunos dirigentes del partido de gobierno están interpretando de modo interesado la Constitución y suplantando o manipulando la voluntad del presidente Chávez, para propiciar una situación en la que ellos puedan conservar el ejercicio poder sin realizar elecciones ni cumplir con las exigencias constitucionales.

Esta situación, en la que una persona accederá ilegítimamente y de manera indefinida al ejercicio de la presidencia, con el pretexto de esperar a que el presidente electo se recupere y pueda asumir el cargo, sin tener certeza médica ni política de que está vivo y en proceso de recuperación, configura una situación que afecta el desarrollo del proceso institucional democrático y el legítimo ejercicio del poder en Venezuela, por consiguiente, susceptible de activar los mecanismos de protección contemplados en la Carta Democrática Interamericana y en los protocolos pro-democracia del MERCOSUR y de la UNASUR.

Esta postura del oficialismo desencadenará un estado de precariedad constitucional que, si se tiene en consideración la doctrina de la Sala Constitucional (arriba citada), compromete la validez de todos los actos de gobierno y de estado que realice el presidente Maduro a partir del 10 de enero, en la medida que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos” (artículo 119 de la Constitución); y por vía de consecuencia, compromete la paz institucional de la República, por cuanto muchos venezolanos se verán tentados, o llevados por las circunstancias, a invocar –otra vez– el artículo 350 Constitucional, que faculta al pueblo para defender la tradición republicana y desconocer cualquier régimen o autoridad que contraríe los principios y garantías democráticas.

Toca exigirle a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que asuman su responsabilidad histórica, eviten esta indeseable situación y garanticen la eficacia de la Constitución (o si lo prefieren, que hagan caso a sus simpatías políticas y defiendan la voluntad del “líder de la Revolución”, el presidente Chávez, expresada el pasado 8 de diciembre, que al menos en este caso coincidió con la voluntad de la Constitución).