miércoles, 23 de abril de 2014

 

Analistas

29 / 10 / 2012
- 09:17:54
Delito desbordado
Delito desbordado
José Vicente Antonetti / jantonetti@globovision.com / Globovisión
En Venezuela el delito ha alcanzado niveles tales que los ciudadanos no estamos seguros ni encerrados en nuestros hogares. Homicidios, secuestros, robos, por mencionar algunos, son cometidos a diario por un hampa que mantiene en zozobra a las autoridades hasta en las cárceles.

Hace días leímos informaciones de una persona que recibió más de 200 tiros en la cabeza o la de un par de damas que fueron sometidas en su residencia por un antisocial que luego fue abatido por funcionarios policiales. Amén de la cantidad de historias que escuchamos o conocemos de quienes son víctima de alguna de las modalidades de secuestro que se cometen en el país.

Apenas hace una semana, Caracas sufrió una tranca descomunal, cuando trabajadores del volante protestaron en el Distribuidor Metropolitano, porque un compañero había sido asesinado. Ocasión que fue aprovechada por delincuentes en moto, quienes, no conformes con asaltar a indefensos conductores que no tenían ruta de escape, cometieron actos lascivos con damas que fueron atacadas en sus vehículos, sin que autoridad alguna interviniera.

Así podríamos redactar numerosas páginas con diferentes relatos. Relatos que encierran la realidad de un país sometido por la anarquía y en el que parece haber desaparecido la fórmula para devolver la tranquilidad a sus habitantes.

Si nos vamos al tema de los Derechos Humanos y la forma en que los consagra nuestra Constitución, tenemos que hablar de la progresividad de los mismos. Es decir, que puede haber un avance, pero no un retroceso en su aplicación. También tenemos que mencionar que las penas máximas por delitos cometidos no pueden exceder los 30 años de encierro y que está prohibido discriminar a la hora de conceder beneficios a los reos.

Sin embargo, las sociedades deben adaptarse a las realidades de su época para poder sobrevivir. Una sociedad que no aplique correctivos en una coyuntura como la que atraviesa Venezuela, en materia de inseguridad, corre el riesgo de desaparecer bajo el imperio del hampa o de reaccionar a niveles insospechados de anarquía, que conduzcan, incluso, a una guerra civil.

Y esta consideración la hago, porque estimo que más allá de elementos fácticos, como fallas en la Administración de Justicia en todos sus niveles o en el ámbito policial, que han permitido el grado de violencia que ataca al ciudadano honesto, es imperativo considerar modificaciones en el combate al delito, hasta llevarlo a niveles “tolerables”, si es que alguien puede aceptar como tal algún porcentaje de fechoría.

Estimo que la pena capital es un retroceso de las sociedades que lo aplican y una “igualación ique legal” entre 2 tipos de homicidas. El que mata por delincuente y el que mata “en nombre de la justicia”. En la práctica ambos matan.

De por sí en Venezuela se aplica la pena capital “informal”, cuando con la etiqueta “abatido en enfrentamiento”, más de uno perece a manos de una “autoridad”. Varios son los casos en que hemos visto la ejecución de tal pena, siendo el denominado “Caracazo” el más notorio de ellos.

La otra pena capital, la que viene por mandato legal, afortunadamente no está permitida en nuestra legislación. ¿Imaginan cuántos inocentes irían a la tumba sólo por conveniencia de algún poderoso?

Si bien descarto la posibilidad de consagrar la pena capital, estimo pertinente que como sociedad nos planteemos la cadena perpetua, para determinados delitos como ciertos casos de homicidio intencional, el secuestro o la violación y sin derecho a beneficio o sólo concediéndolo en condiciones muy estrictas.

El tema no es fácil y seguramente los defensores de Derechos Humanos pueden exponer argumentos suficientemente sólidos para oponerse a esta idea, pero igual la formulo. Cuando uno estudia derecho se discute el conflicto de intereses que surge del choque entre los derechos de unos y los derechos de otros, para concluir que sin negar ninguno de ellos, hay momentos en que uno debe prevalecer.

Sin negar el respeto a los Derechos Humanos que tienen quienes por cualquier razón cometen un delito, es necesario que la sociedad se plantee cuál derecho debe prevalecer entre el de las víctimas y los victimarios. Y por encima de todo, que la sociedad busque mecanismos pragmáticos que en las circunstancias de nuestra época protejan a la gente honrada de los delincuentes.