miércoles, 16 de abril de 2014

 

Nacionales

25 / 08 / 2010
- 11:07:41
Caso Fuerte Tiuna corresponde a Ministerio Público
/ SCZ
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega  Díaz,  aclaró  que  el  Ministerio Público  (MP)  es  la instancia encargada  de  dirigir la investigación relacionada con el homicidio de dos oficiales  militares,  acaecido  el  pasado bado 21 de agosto, pues es un delito común ocurrido dentro de una instalación castrense.

Así lo señaló la titular del MP tras ser consultada sobre si era posible que  este caso fuese conocido también por la jurisdicción militar, en vista de   que   sucedió  en  la  sede  del  Batallón  Bolívar,  situado  en  las instalaciones  del  Fuerte  Tiuna,  donde  el cabo segundo, Jeffersson José Trujillo  Vásquez,  presuntamente  le  ocasionó  la muerte  al capitán del Ejército  Nacional  Bolivariano,  Miguel  Ángel  Rosales Montoya (33) y al teniente  Alfredo  Daniel  Ruiz  Montesino  (25), además en el hecho fueron
heridos otros seis militares.

En este sentido, explicó que el el Ministerio Público en vista de que no posee una policía de investigación, comisiona a los órganos de investigaciones penales para que intervengan, como órganos auxiliares en la pesquisa, en los respectivos casos.

De allí, que de acuerdo con la naturaleza de los casos, el Ministerio Público seleccione al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) o a otro cuerpo
policial.

Dijo que en este caso, por se un homicidio, los fiscales designados para el caso están frente a un delito ordinario. Por lo tanto, corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer del hecho punible.

En relación con los detalles de la investigación, Ortega Díaz, declaró que "no puede hacer mención a ello, pues forma parte de la reserva legal. Sin embargo, se están adelantando todas las actuaciones como lo prevé la ley", acotó.

Caso Econoinvest
 
Respecto al caso Econoinvest, la Fiscal General aclaró que a solicitud del Ministerio Público fueron dictadas, hace casi dos semanas, medidas preventivas cautelares de prohibición de enajenar y gravar bienes, aseguramiento de todos los bienes muebles e inmuebles y bloqueo e inmovilización de cuentas pertenecientes a cinco directivos de esta casa de bolsa, al igual que otras nueve empresas relacionadas.

La finalidad de esta medida cautelar se produce debido a la presunta comisión de varios delitos, entre ellos la negociación ilícita de divisas. "De ser así, es un deber asegurar la posible reparación que deba hacerse a las víctimas de este caso", indicó.
 
La  decisión se extiende a las empresas Econoinvest Capital, Econoinvest Factoring, Econoinvest Servicios Financieros, Seguros Carabobo, Corporación Secono,  Fundación para la Cultura Urbana, Inversora Insecar, Insecar Autos e Infocar C.A.
  
Asimismo,  puntualizó  que  fue  incorporado  en  la base de datos de la Policía  Internacional el alerta roja contra el ex presidente del Banco Del Sol, Gustavo Adolfo Higuerey, y de otros seis directivos, por las presuntas irregularidades   cometidas   en  el  manejo  de  la  referida  institución financiera.

Caso Pdval
 
Ortega Díaz ratificó que "una de las causas del retardo procesal, entre otras, es la incomparecencia de los abogados defensores de los imputados.

En este caso, las tres veces en las que han sido suspendidas la audiencia preliminar, en el caso PDVAL, son por hechos no imputables al Ministerio Público, ni a los tribunales, sino a los abogados defensores". Señaló que desconoce si existe una táctica dilatoria por parte de los abogados defensores, al tiempo que dijo no presumir de la mala fe de los defensores.

Sin embargo, refirió que instruyó a los fiscales del caso para que "si la defensa no se presenta a la próxima convocatoria (para el 8 de septiembre a las 10:30 am en Puerto Cabello), solicitaran que se designe un defensor público para que pueda realizarse la audiencia preliminar, indicó.

Extradiciones

Por  otra parte, Ortega Díaz se refirió a la solicitud de extradición del empresario  Nelson Mezerhane. En ese contexto, dijo que el Tribunal Supremo Justicia   tiene  que  remitir  todas  las  actuaciones  al  Ministerio  de Relaciones  Exteriores, para que se solicite dicho trámite procesal  por la vía diplomática.
  
Igualmente,  señaló  que  la  solicitud  de  extradición  del empresario Guillermo  Zuloaga,  está  en  manos  de  la  Cancillería,  y  la misma fue requerida a Estados Unidos por la vía diplomática.

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De igual manera, anunció la inauguración para este jueves, 26 de agosto, de una fiscalía laboral en Caracas que beneficiará a todos los venezolanos, especialmente a los trabajadores.

Vale señalar que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio ambiente de Trabajo (Lopcymat) prevé e impone la obligación al Ministerio Público de crear unas fiscalías de salud y seguridad laboral.
 
Esa ley es del 2004, es decir, era una deuda que tenía la Institución con la ciudadanía, concluyó la Fiscal General.

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