miércoles, 16 de abril de 2014

 

Nacionales

23 / 02 / 2010
- 11:59:21
Asamblea difirió discusión de la Ley para la Entrega de la Propiedad de la Tierra en Barrios y Urbanizaciones Populares
/ JDG

La Asamblea Nacional aprobó diferir este martes la segunda discusión de la Ley Especial para la Entrega de la Propiedad de la Tierra en Barrios y Urbanizaciones Populares, con el fin de ajustar algunos términos contenidos en ella con relación al nuevo título de la ley.

El título original del proyecto era Ley de Reforma de la Ley Especial para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares. Sin embargo, la Asamblea decidió este martes cambiarle el nombre. Pastora Medina, en representación de Podemos y el Frente Humanista, votó en contra del cambio de nombre del proyecto.

A juicio de la oposición, el Comité de Tierra Urbana, definido en la ley, tendrá competencias confiscatorias de la tierra.

Según el artículo 12, donde se define al Comité de Tierra Urbana, se señala que esta instancia "es una organización comunitaria, social y política del consejo comunal, parte del poder popular para la participación, articulación e integración de los ciudadanos y ciudadanas en la formación, ejecución y control de la gestión pública en materia de regularización de la tenencia tierra urbana en los asentamientos populares".


Para el diputado
Ismael García, la ley podría facilitar la confiscación de tierras y pone en jaque el trabajo de los concejos municipales y el papel de los órganos de control regional.

"La Asamblea Nacional sólo está entregando para que alguien de una comunidad pueda determinar qué puede hacerse con un terreno del país. Es la entrega para que sectores organizados de un pensamiento o de otro pueda apropiarse de un espacio de tierra", dijo.

García dijo que la ley podría dar pie a mecanismos de inteligencia "para controlar y supervisar a la gente", con el fin de llegar al control hegemónico del Esatdo sobre la sociedad. 

"Aquí la propiedad privada está absolutamente en riesgo. Se somete a los caprichos, designios y voluntades de quienes tengan alguna responsabilidad", declaró.

Por su parte, el diputado Oscar Figueras  rechazó las declaraciones de Ismael García y dijo que en la ley no se desconoce a las instituciones que trabajan con el tema de la propiedad de forma habitual. Explicó que lo que se busca es dotar de carácter legal a quienes ocupan terrenos urbanos. "Se trata de regularizar esa presencia, como consecuencia de la lucha por la tierra en las zonas urbanas", afirmó.

La diputada Pastora Medina dijo que en la segunda discusión se está modificando el espíritu de la ley aprobada a finales de 2009.

“Si no aclaramos el espíritu de esta modificación estamos generando una anarquía, profundizando la violencia urbana con la toma de tierras”, afirmó.

Consideró preocupante que se les otorgue facultad a los consejos comunales para la regularización de la tierra urbana, donde no esta implícito el rol de los municipios. "Se crea un instituto que no sabemos dónde está inscrito. Se les da la facultad a los consejos comunales para ser custodios hasta de tierras ociosas", declaró.

Concuerda con Ismael García en que la ley podría atentar contra la propiedad privada y las propias comunidades urbanas.

El diputado Freddy Mogollón ratificó que la Ley no tiene carácter confiscatorio. La misma opinión posee el diputado Luis Tascón, quien considera que con la Ley se le está dando la propiedad al pueblo "y eso es importantísimo para elevar el nivel de personas que tienen décadas en asentamientos urbanos".

"Es un acto de justicia. Está a favor de la propiedad de la gente sobre su casa, sobre su rancho", dijo.
 
El diputado Juan José Molina destacó que detrás de la ley existiría una intención de regular y controlar la tenencia de la tierra, "no para el individuo, sino para el colectivo".

Wilmer Azuaje se mostró a favor de que se entregue la titularidad de la tierra, pero se preguntó por qué los diputados esperaron 11 años para hacerlo. “Los que han capitalizado los terrenos son ustedes. Detrás de esta ley hay una grandísima manipulación que se basa en que si no me apoyas, te quito el terreno”, dijo.

Acusaciones contra Antonio Ledezma

Al inicio de la sesión, se le otorgó un derecho de palabra al diputado Juan Carlos Dugarte, quien refirió presuntos abusos y atropellos a los que son sometidos los trabajadores de la alcaldía metropolitana. Dijo que desde la Alcaldía les violan el derecho al trabajo, pues no les han cancelado los salarios correspondientes a  enero y febrero, sin razón alguna.

Dugarte pidió que el caso pase a la Comisión de Desarrollo Social para darles una respuesta a 510 trabajadores que estarían en esta situación.

El diputado también acusó a Ledezma de armar a cuerpos parapoliciales para arremeter contra los trabajadores en huelga de hambre.

Designación de embajador ante Malta

La Asamblea Nacional aprobó el nombramiento de Luis José Berroterán Acosta como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la República Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de la República de Malta, con sede en Roma, República Italiana.

Pastora Medina y Juan José Molina señalaron que desconocen el currículum del embajador, por lo que la propuesta fue aprobada con el voto salvado de Podemos y el Frente Humanista y Ecológico.

Acuerdos de cooperación con Italia y Qatar

Durante la sesión de este martes, el Parlamento aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Italiana en Materia de Prevención y Lucha al Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Precursores Químicos.

Pastora Medina pidió explicación sobre algunas resoluciones y acuerdos internacionales que soportarían el convenio. Dijo que no fue posible localizarlos por internet. Por su parte, Elvis Amoroso dijo que con el proyecto de ley se busca luchar contra el tráfico de drogas y reforzar otros acuerdos entre ambos países desde hace años.

De igual forma, se aprobó la segunda discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación Comercial entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Estado de Qatar.