miércoles, 23 de abril de 2014

 

Analistas

27 / 11 / 2012
- 10:36:01
¿Asalto a Ley armada?
¿Asalto a Ley armada?
José Vicente Antonetti / Globovisión
La gran novedad de los últimos días la constituye la Resolución 203 del Ministerio de Habitat y Vivienda en la que se publica la tabla para fijar el canon de arrendamiento en los inmuebles destinados a vivienda.

A los ojos de quién vive alquilado, podemos decir que el Gobierno más que lanzarles un salvavidas, les ha arrojado un yate 5 estrellas. Mientras a los dueños de los inmuebles les ha arrebatado su propiedad.

Ya desde hace un año, el Gobierno ha venido modificando la legislación en materia de arrendamientos de viviendas, para obligar a los propietarios a ceder sus inmuebles a quienes lo tienen alquilado.

El carácter “estratégico y de interés público” conferido al acceso a la vivienda. El principio de que un inquilino no viva 10 años arrendados “sin adquirir la vivienda”. Las responsabilidades penales y pecuniarias establecidas por Ley a los arrendadores. El combate declarado al “acaparamiento, desocupación y mercantilización de viviendas”. La prohibición de alquilar viviendas “con fines de lucro”. La obligación para el arrendador de mantener el inmueble “en buen estado”. La responsabilidad para el arrendador de que estén al día “el pago de los servicios”. El mandato de un canon cuya rentabilidad anual oscile entre el 3 y el 5%. La depreciación del inmueble en razón de sus años de construido, son tan sólo algunos de los elementos que sustentan nuestra afirmación.

Una legislación que busca hacer justicia con aquellos que no ganan lo suficiente para comprar una vivienda, a costa del patrimonio de quienes en alguna ocasión les alquilaron su techo.

Cierto es que el Estado tenía una mora con los arrendatarios, que en su gran mayoría estaban a merced de una canon de arrendamiento que subía y subía hasta volverse impagable para muchos. Un canon que era fijado para atender las necesidades económicas del arrendador, sin tomar en cuenta, casi siempre, la capacidad de pago y las demás obligaciones personales y familiares del arrendatario.

Sin embargo, en la ecuación también entran personas que tienen invertidos en esos inmuebles el esfuerzo de toda una vida, la herencia de sus hijos y en buena medida el ingreso que les permite el sustento.

Pretender solucionar la necesidad de unos a costa de la de otros es una equivocación de origen que más temprano que tarde provocará conflicto social. Quitarles a unos lo suyo es robo, por más que la ley lo permita. En materia Civil a los contratos no los define su nombre, sino su naturaleza. Así que la letra de la ley puede decir “misa” como reza el refrán, pero no por ello la misa es tal.

En la práctica, ya hemos escuchado casos de violencia psicológica para que un arrendatario abandone un inmueble, con plazos a veces de horas. Un negocio que  representa una ganancia fácil y rápida para algunos inescrupulosos que aprovechan la necesidad de unos y otros.

En una Venezuela que se divorció del estado de derecho y en la que los Tribunales lo menos que hacen es administrar justicia oportuna, surgen otras formas de resolución de conflictos.

Pretender que una vivienda hoy en día valga menos de lo que costó, que un alquiler esté por debajo de un “condominio”, que prácticamente todas las obligaciones recaigan sobre el propietario o impedir que éste recupere lo que es suyo, implican una realidad fuera de este mundo y la semilla de un problema que se puede y se debe evitar.