Venezuela y sus parques nacionales de papel

Referencial

Pese a su vital importancia para la conservación ambiental y el desarrollo sustentable, algunos parques nacionales de Venezuela pudieran ser considerados de papel, pues si bien existe una declaración formal, no cuentan con el presupuesto, personal y manejo técnico que requieren, tal y como lo establece la misma legislación venezolana, y los principios internacionalmente aceptados de buenas prácticas en áreas protegidas.

Un ejemplo de esta afirmación la encontramos en el Parque Nacional Caura, decretado en marzo de 2017 y que comprende amplias extensiones territoriales entre los estados Bolívar y Amazonas, con una superficie superior a 75 mil km², un área bajo régimen de administración especial que quizás debió declararse como Reserva de Biosfera, tal y como sugiere el Dr. Carlos Rivero Blanco.

Otro ejemplo de esta política ambiental, es la intención del gobierno de Venezuela de decretar un nuevo Parque Nacional en Isla de Aves (ya protegido como Refugio de Fauna Silvestre), que añadiría una importante extensión de zonas marinas adyacentes hasta llegar a más de 12 millones de hectáreas, lo cual ha sido considerado por algunos voceros oficiales como “la mayor reserva marina, submarina y abisal del planeta”.

Los parques nacionales son áreas protegidas creadas para proteger la biodiversidad, sus ecosistemas, y los procesos ambientales que sustentan, al mismo tiempo que proveen oportunidades para la investigación, educación y recreación.

Tan importantes son los parques nacionales que han sido reconocidos en la Constitución Bolivariana por su valor estratégico, recordados en diversas leyes y normas especiales que destacan su relevancia para la presente y futuras generaciones.

Además de sus objetivos principales en la conservación de la flora, fauna, paisaje, procesos ecológicos esenciales y fenómenos evolutivos asociados, los parques nacionales son vitales para la regulación hídrica y climática; la recuperación de áreas, recursos y rasgos geográficos degradados; la conservación de cuencas hidrográficas, y la preservación de atractivos turísticos, entre muchos otros.

Al momento de decretar un Parque Nacional, los gobiernos se comprometen ante el mundo a cumplir a cabalidad con sus propósitos, lo cual implica asignar el presupuesto justo y el personal técnico debidamente capacitado y equipado, proveyéndole de las herramientas técnicas, metodológicas y jurídicas, que permiten ordenar y normar su extensión, desarrollando los programas de manejo necesarios para garantizar su conservación ambiental, los cuales deben ser revisados cada cierto tiempo, siguiendo una rigurosa planeación adaptativa para irlos adecuando a sus propias necesidades.

Siempre me pregunto, ¿cuántos parques nacionales de Venezuela cuentan con planes de manejo actualizados, personal debidamente remunerado y equipado, y comunidades, universidades y ONG apoyando a la autoridad en su gestión técnica? Seguramente la respuesta nos entristezca, quizás porque la revolución no combate a la delincuencia en las áreas protegida, ni limita las invasiones, ni hace cumplir las leyes ambientales, entre muchas otras necesidades.

Como venezolano y conservacionista, celebro la declaratoria de nuevas áreas protegidas que promuevan nuevos esquemas de relación con nuestra naturaleza, en armonía con el ambiente. Sin embargo, celebraría mucho más, si tales creaciones vinieran con el debido apoyo técnico y financiero que merecen, para que no se conviertan en parques nacionales de papel.

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