Tiempos de cambio: La OLP y el Ayotzinapa venezolano

Referencial

Han transcurrido ya varios días de la detención de los efectivos militares que participaron en la desaparición y asesinato de doce ciudadanos venezolanos en Barlovento. El escandaloso hallazgo de doce cadáveres en los municipios Brion y Acevedo, e incluso la reciente masacre ejecutada por efectivos de la Guardia Nacional en Cariaco, han confirmado lo que ya viene siendo denunciado desde hace tiempo, sobre todo desde el surgimiento de la llamada Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), que en Venezuela se aplica la pena de muerte por parte de organismos de seguridad, y que las llamadas ejecuciones extrajudiciales no son un una fantasía tropical sino una terrible realidad ?

Ya saldrán seguramente los fanáticos apasionados de las políticas de exterminio de delincuentes o de quienes se les parezcan a decir que toda protesta por estos hechos le hace el juego a las bandas criminales. Están en su derecho de expresar lo que mejor les parece, pero ya son numerosos los casos que ante la opinión pública se presentan como supuestos enfrentamientos como para sospechar que algo huele a podrido en Dinamarca, y que los cuerpos de seguridad pueden terminar convirtiéndose, como el hampa, en azotes tan detestables para los ciudadanos humildes y decentes que para su desgracia viven sometidos a las arbitrariedades y salvajadas de los pranes y otras categorías delictivas.

Lo ocurrido en Barlovento muestra las costuras de un sistema que no funciona. No hay, y a las pruebas nos remitimos, control real alguno sobre los cuerpos civiles y militares que actúan en estos operativos. Me refiero al control preventivo. Para evitar masacres como esa, o que funcionarios de distintos niveles dispongan de la vida de personas detenidas, colocándose de espaldas a la expresa prohibición constitucional de la pena de muerte. Sin una investigación a fondo de todos los casos que casi a diario se denuncian, sin una verificación independiente, promovida incluso por el mismo Estado, no se puede afirmar que estamos ante un caso aislado. Flaco servicio se le hace a la legalidad descartando a priori que se trate de una política diseñada, bajo el criterio de que no hay mas remedio que matar delincuentes.

Y cuando se cae la coartada del enfrentamiento, y mueren inocentes bajo prácticas similares a las que provocaron la desaparición y muerte de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, México, es entonces que vienen los golpes de pecho, los anuncios de investigaciones " hasta las últimas consecuencias". Mientras tanto solo se habla de los " éxitos de la OLP". Ahora que el gobierno gusta de hacer alarde de una Comisión de la (media ) Verdad, no sería un desatino que se creara una para hurgar en esos operativos conjuntos y determinar el porcentaje real de enfrentamientos y el de ejecuciones extrajudiciales resultantes.

Ahí hace falta , mi estimado Tarek William, que saques a relucir tu garra de defensor de derechos humanos mostrada en los años noventa, y tomes una iniciativa como esa, que, estamos seguros, dará una bocanada de oxígeno al aporreado texto constitucional. Sin duda, las organizaciones de derechos humanos apoyarían ese trabajo, que no busca otra cosa que hacer justicia y castigar el abuso de autoridad, del cual son víctimas muchísimos ciudadanos. Que los cuerpos de seguridad vayan por el camino de la ley no es una ayuda para los delincuentes sino para la absoluta mayoría del país. Una Defensoría del Pueblo decidida a ir hasta el fondo en esta materia sería un buen antídoto frente a un ejercicio retorcido de la autoridad .

La OLP tiene que ser declarada bajo investigación, y por lo tanto suspendida su ejecución hasta que se garantice un diseño apegado a la Constitución y a las leyes. Es el momento de tomar ese toro por los cuernos, mi estimado Tarek William. También la Fiscalía General de la República tiene una palabra que decir al respecto. Si ambas instituciones se lo proponen muchas son las vidas que pueden salvarse. Eso no implica mano de seda con la delincuencia. La única manera de hacer sentir el peso de la ley no es matando al delincuente, y mucho menos ejecutando inocentes que luego son presentados como los peores crimínales.