Tiempos de cambio: ¿Enfrentamiento o Ejecución?

Vladimir A la 1
Vladimir A la 1 - GV

El misterio, la oscuridad, las contradicciones, rodean el caso de

Óscar Pérez y sus compañeros, abatidos en un operativo realizado hace

una semana en El Junquito, y que fue descrito oficialmente como un

enfrentamiento con un grupo terrorista. Allí murieron, además de Pérez

y su grupo, dos funcionarios policiales, Nelson Chirinos La Cruz y

Andriun Domingo Ugarte, o Heiker Vásquez.

En un país con un parlamento en pleno ejercicio de sus

facultades ya se estaría realizando una investigación con todas las de

la Ley. El ministro del Interior, los directivos de los cuerpos que

participaron en el operativo, los funcionarios actuantes, los testigos

y todo aquel que tenga algo que decir sobre el caso ya estarían siendo

interpelados . La actual Asamblea Nacional, por mucho que intente

hacerlo, está de manos atadas, y la Asamblea Nacional Constituyente,

electa de espaldas a la letra de la Carta Magna, obviamente ni lo

piensa.

Los vídeos que divulgó Óscar Pérez antes de ser abatido le dieron

la vuelta al mundo y ponen en evidencia que él y su grupo estaban

prácticamente rendidos, ante la manifiesta superioridad de fuego de

los funcionarios que participaron en el operativo. ¿ Qué pasó con la

orden de preservarles la vida, supuestamente dada por el presidente

Nicolás Maduro ? ¿ Acaso era imposible capturarlos vivos, aunque sean

los presuntos responsables de la muerte de los dos funcionarios

policiales, uno de ellos, Ugarte, integrante del colectivo "Tres

Raíces"? ¿ Por qué, según la presunta acta de defunción que ha

circulado, tenían disparos en la cabeza? ¿ Por qué se hizo tierra

arrasada con la casa donde estaban "enconchados"? ¿ Y los elementos

de interés criminalísticos que deberían preservarse ?

Y pudiéramos formular muchas más preguntas que busquen aclarar

totalmente los hechos, y determinar responsabilidades materiales e

intelectuales si, como buena parte del país presume, estamos ante una

masacre. Para colmo de males, hasta la fecha, luego de una semana, ni

la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo han

emitido algún pronunciamiento al respecto, lo cual le arroja más

sombras a este hecho. Este silencio hace presumir que "algo está

podrido en Dinamarca".

O el Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente,

Tarek William Saab, y su sustituto en la Defensoria del Pueblo,

Alfredo Ruiz, están muy de acuerdo con el operativo y no tienen nada

que agregar, o puede ser también que su silencio sea una forma de no

avalar lo ocurrido. Pero más allá de esa actitud silenciosa, vale la

pena preguntarse por qué la ausencia, salvo prueba contundente en

contrario, de funcionarios de ambas instituciones, en ese operativo,

sobre todo cuando había un supuesto proceso de negociación para lograr

la entrega de los sublevados. A todas luces no hay explicación para

que tanto la Fiscalía como la Defensoría estuvieran y sigan al margen

de todo lo ocurrido. Y, como ya es costumbre, tampoco se permitió el

acceso a los medios de comunicación social.

Por ejemplo, ¿cuál ha sido la atención que alguna de esas

instituciones le ha brindado a los familiares de Pérez y su grupo? ¿

Hicieron algo para que esas familias no pasaran por el tormento de no

poder recibir los cuerpos de sus deudos a la brevedad y darles un

entierro en un mínimo marco de dignidad y respeto por su dolor? ¿ No

merecen siquiera ser escuchados por instituciones que, en el papel,

están obligadas a actuar ante hechos de esa naturaleza?

Lo cierto es que no solo la manera como fueron liquidados sino

todo lo que hemos visto en los días sucesivos nos hace recordar el

pasado, pensar en Yumare, Cantaura, El Amparo,y otros episodios que

en la llamada cuarta República movilizaron la conciencia y activaron

la indignación de los venezolanos, entre ellos muchos de quienes hoy

son gobierno y nada han dicho al respecto.

La forma como fue sepultado uno de los funcionarios que murió

en el operativo contrasta con lo que fue el sepelio de Pérez y su

grupo. Heiker Vázquez fue llevado al Cementerio del Este en camionetas

repletas de personas armadas y encapuchadas, pertenecientes a

colectivos que hacen vida en la capital. También se hizo presente una

brigada de las Policía Nacional. Allí recibió honores ¿militares o

paramilitares? por parte de ese grupo de ese grupo de que portaba

armas largas.Nadie explica cómo un funcionario de un cuerpo de

seguridad del Estado es a la vez integrante de un grupo armado que

actúa al margen de la Ley . ¿ O es que ahora se puede tener esa "doble

militancia"?

Pero ese entierro contrastó con el trato que le dieron a los

alzados. Mientras los cadáveres de los funcionarios fueron entregados

ipso facto por medicina legal, los familiares de Pérez y su grupo

pasaron las de Caín. Para terminar enterrando sus muertos cinco días

después, en medio de una terrible soledad, obligados a hacerlo sin

velatorio, sin recibir el pésame ni siquiera de los parientes màs

cercanos. Sin la más mínima piedad que debería aflorar frente al dolor

por la pérdida de un ser querido, independientemente de sus acciones.