Sin estado de Derecho, no puede haber gestión ambiental

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La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de suspender a la Asamblea Nacional, no solo rompe el hilo constitucional, sino que afecta todos los sectores del país, incluyendo al ambiental.

El estado de derecho está formado por dos componentes fundamentales; el Estado y el Derecho. El Estado reúne a la organización política y está constituida por todos los poderes públicos, incluyendo a la sociedad civil, pues es y debe ser parte activa de sus decisiones. El Derecho, por su parte, está conformado por el conjunto de leyes, normas y acuerdos que rigen el funcionamiento de la sociedad, usualmente conocido y aceptado por todas las partes involucradas, pues su desconocimiento no les exime de cumplirlo.

Visto desde la perspectiva civil y ciudadana, y derivado de la propia interpretación de la Constitución Nacional, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho, y no al revés. Por ello, resulta imposible que una sentencia del TSJ pretenda suprimir a otra instancia de los mismos poderes públicos, habida cuenta que los poderes son independientes, y se rigen expresamente y de manera común, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En ningún lugar del mundo es posible justificar que sea el Poder Ejecutivo quien secuestre a todos los poderes, pues se perdería la independencia entre los mismos, la transparencia hacia la sociedad, subordinando el Derecho a caprichos autoritarios y anárquicos que, por lo regular, tienen algo que esconder.

Como ejemplo de los posibles efectos de la ausencia del Estado de Derecho en un tema ambiental, abordaré el proyecto del Arco Minero de Venezuela

Por un lado, el Poder Ejecutivo lo propone y ejecuta, sin control externo, comprando y dándose el vuelto, como se dice popularmente. En comportamientos así, las evaluaciones de impacto ambiental y sociocultural que establece la Constitución simplemente no se aplicarían, y simplemente serían accesorias. Desde su inicio, proyectos de este tipo se tiñerían de ilegalidad.

Por otro lado, una Asamblea Nacional subordinada al Poder Ejecutivo no pondría a sus comisiones a realizar el debido seguimiento técnico, financiero y legal al que está obligado constitucionalmente, comportándose como observador pasivo del deterioro a paso de vencedores.

En un régimen así, las comunidades y demás actores representantes de la vida nacional, afectados por un proyecto como el Arco Minero, no tendrían amparo ni protección, pues la Defensoría del Pueblo obedecería a los mandatos del gobierno, y no del país, ni de la patria.

La integridad y transparencia serían accesorias en un estado de derecho disfuncional, pues la Contraloría General de la República no velaría por el control de la administración del patrimonio público del Estado venezolano, y la corrupción sería discrecional a lo que consideren sus funcionarios, y las órdenes que reciban.

Por su parte, la Fiscalía General de la República, no defendería los intereses del Estado y la Sociedad, sino los de un partido de turno. Tampoco podría promover la justicia en defensa de la legalidad, ni la acción penal por daños al ambiente que promueva el mismo gobierno nacional.

Cuando un gobierno protege los derechos de unos, y permite la violación a otros, se diluye el Estado de Derecho. Y peor aún, cuando es el mismo gobierno el que estimula tales violaciones o incumplimientos a la ley, se transforma en un déspota o dictador.