Lo obvio se hace ley

Cuando se explicó que con la reforma parcial de la Ley de Telecomunicaciones “se prevé hacer más participativa la conformación de Conatel, donde se incluyan miembros de la sociedad civil, de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo Nacional”, tan solo se está describiendo lo que toda sociedad democrática aspira y merece y lo que todo Estado de Derecho debe promover y propiciar.

Conatel colecciona arbitrariedades a lo largo de la gestión “revolucionaria” y a lo ancho del territorio nacional. Y no puede ser de otra manera: es un organismo que, planteado como una jauría detrás de la presa, no puede hacer nada más que, amenazar, perseguir, acosar y multar. Ni una sola decisión sana, ni un proyecto, ni una delantera útil ha generado en estos tiempos. No se puede culpar, sin más, a quienes lo manejan. No tiene margen de maniobra, ni barajo, ni chance. El organismo forma parte de la institucionalidad cautiva.

La Comisión fue creada mediante el Decreto Nº 1.826 del 5 de septiembre de 1991, reemplazó al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, se le atribuyó carácter de servicio autónomo sin personalidad jurídica, y la jerarquía de una Dirección General del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Ya bajo Chávez, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, promulgada el 12 de junio de 2000, otorgó las competencias estatales para la regulación del sector a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Fueron muchos los que, aún desde los medios, celebraban el paso y hasta saludaban la gestión de Diosdado Cabello como “gran gerente”. Algunos echamos mano del pañuelo, tal era el tufito que desprendía el asunto.

Los objetivos enunciados en su creación nada tienen que ver con lo que ha sido su ejecutoria bajo el régimen vigente. Al principio se habló de promover el desarrollo y prestación de buenos servicios de telecomunicaciones, de planificar y administrar en forma eficiente la asignación de recursos limitados, de desarrollar y mantener actualizado un marco normativo de telecomunicaciones moderno y flexible, de promover el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones con niveles de calidad aceptables y de ofrecer a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones información acerca de sus derechos y deberes, entre otros.

Pero, a partir del ano 2.000, cuando las relaciones entre el Chávez presidente y los medios se tornan agrias, se promulga la mencionada Ley Orgánica de Telecomunicaciones con el expreso –y luego hemos constatado que único- encargo de regular. En revolución, regulación significa control y coerción. Lo demás, es historia. La triste historia de Conatel que, por cambiar, debería cambiar hasta de nombre cuando la democracia y el derecho regresen a imperar en Venezuela.

Es por ello que felicitamos la iniciativa parlamentaria de comenzar planteando, por ley, una integración más idónea, más participativa y moderna de la tal Comisión. Cambiar la obsesión regulatoria por la prioridad de la excelencia en el servicio sería el gran logro. Así es en Alemania, por ejemplo, donde la sociedad y sus instituciones más representativas, desde las universidades hasta las comunidades de vecinos, tienen voz e injerencia en la programación y manejo de los conglomerados mediáticos.

Podría comenzar, por este recién aprobada reforma parcial a la Ley de Telecomunicaciones, el saneamiento y rescate de una correcta labor colegiada que vele por la protección de las comunicaciones en favor de una mejor vida que tanto merece el ciudadano de este país.-