La muerte de la ruta electoral

AFP

El proceso electoral del pasado domingo produjo unos resultados producto de multiplicidad de factores, unos determinados por las condiciones en la cuales fueron convocados los comicios y otros por situaciones inherentes a las contradicciones, debilidades, equivocaciones e improvisaciones en la coalición opositora.

Fueron unas elecciones regionales marcadas por un evidente ventajismo por parte del gobierno. Uso de los recursos públicos para promover candidaturas, uso exclusivo de Venezolana de Televisión y todos la red de medios de comunicación del Estado como megáfonos electorales del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y, por si fuera poco, un Consejo Nacional Electoral que actuó sin recato alguno, mediante sus decisiones a lo largo de estos dos años, para crear un escenario absolutamente favorable al oficialismo.

Si bien el gobierno es responsable por utilizar todas las ventajas del poder para darse una "ayudaíta", el organismo electoral tiene la culpa principal de no ponerle un "parao" a ese ventajismo que incluso se expresó el mismo día de las elecciones. El "árbitro" no le sacó ni una pálida tarjeta amarilla al gobierno. Y, con mucho dolor debo decir, que le está haciendo un flaco servicio a la ruta electoral como mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden dirimir sus diferencias. Venezuela está urgida de un Poder Electoral realmente independiente, que garantice elecciones limpias, transparentes, insospechables. Hoy, digan lo que digan, no lo tenemos. Y mientras no lo tengamos hay que exigirlo.

No es un asunto exclusivo de la dirigencia opositora. Es un derecho de todos los venezolanos, incluidos, por supuesto, los chavistas. Algunos, como "la Negra" Antonia Muñoz, ex gobernadora del Estado Portuguesa, fueron víctimas de una decisión que le impidió postularse al cargo que antes detentó. Y así como ese caso, muchos otros que por razones de espacio no puedo comentar.

Sobre los resultados en las distintas regiones del país, cabe esperar la auditoría anunciada por el, propio presidente Nicolás Maduro. Ojalá se haga realidad, que no se quede en retórica, como ya ha ocurrido. Y que pudiera ser una auditoría realmente independiente, con la mayor observación posible, para despejar las dudas existentes en aquellos Estados donde los perdedores denuncian irregularidades. ¿Le echarán pichón? Ver para creer.

En el caso del Estado Bolívar, el aspirante a la gobernación por la oposición, Andrés Velásquez ha denunciado, con documentos en mano, que el Consejo Nacional Electoral en la entidad cometió un delito al modificar los resultados que le darían el triunfo. Hasta el día de hoy no hemos visto una respuesta contundente por parte de las autoridades del órgano electoral . Hechos como ese también tendrían que ser aclarados y sometidos a una investigación realmente independiente. En otros estados algunos candidatos opositores también han hablado de irregularidades, sin llegar, al menos todavía, a la precisión con la cual Velásquez ha denunciado ser víctima de delincuencia electoral.

Otro hecho que atenta contra la posibilidad de que la ruta electoral sea el camino por el cual podamos transitar en paz los venezolanos es la ya repetida práctica de despojar a los gobernadores electos de las competencias que les otorgan la Constitución y las leyes de la República. Fíjense, el gobierno exige que la oposición les reconozca sus triunfos y, sin ningún rubor, les arrebata competencias a los opositores que ganaron. ¿Esa no es una manera concreta y arbitraria de irrespetar la voluntad popular? ¿Y de paso no es también una forma de exponer al ridículo a ex gobernadores derrotados como Aristóbulo Istúriz y José Vielma Mora?

A la par de esta reprochable conducta oficialista, también vemos con preocupación cómo viene ganando terreno la idea de que no es posible lograr cambios en el país por la vía electoral. Ya se escuchan voces en la oposición contrarias a la participación en la vendieras elecciones de alcaldes. Hizo y sigue haciendo efecto la prédica abstencionista nacida del discurso gubernamental y acogida como política por sectores de la llamada oposición radical. Una cosa es exigir condiciones de transparencia y equidad, que bastante están faltando en Venezuela, y otra la reincidencia en rutas no electorales que, estoy seguro, no le depararán nada positivo al futuro democrático del país.

Sería muy lamentable que se le coloquen piedras en el camino a la vía electoral. Nos puede salir muy caro.