Reportaje | La independencia de Cataluña: ¿realidad o utopía en España?

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El próximo primero de octubre se realizará el referéndum unilateral por la independencia de Cataluña, que aunque no será el primero, supone una afrente más fuerte al Estado español al declarar que la región se separará "así sea que gane el Sí por un solo voto".

De hecho, el presidiente del Govern de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró que la Ley del referéndum unilateral de independencia, que entrará en vigor en agosto, será la suprema legalidad de la región en caso que se imponga el Sí en la consulta.

El texto argumenta que la independencia de Cataluña está fundamentada en las leyes internacionales, las resoluciones de la ONU y demás organismos internacionales, por lo que "establece un régimen jurídico excepcional" que "prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto".

Además, asume como base de apoyo el anterior referéndum independentista de 2015, en el que el 47,8% de los catalanes respaldaron la medida. 

En la actualidad, una encuesta realizada por el Instituto DYM reveló que 60,9% de los habitantes de la región apoyan la secesión, pero 40% de los españoles consideran que de llevarse a cabo la consulta se debe eliminar la autonomía a Cataluña.

Ante esta situación, el Referéndum en Cataluña abre el espacio para analizar y debatir las causas y consecuencias del mismo en diferentes áreas.

Antecedentes

Desde que en 1979 se aprobara el Estatuto de Autonomía de Cataluña, tras la aprobación de la Constitución de España, los partidos políticos e instituciones locales defendieron la autogobernabilidad de la región, pero sin separarse del Reino de España.

Sin embargo, durante el extenso gobierno del presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol (1980 - 2003), se promovió en la región la idea de una "Europa de regiones", en las que se permitan las "naciones sin Estado".

Luego, tras un proceso de debates, reformas y votaciones, se aprobó en 2005 un nuevo Estatuto para Cataluña que aumentó las cuotas de autogobierno, lo que permitió creer que la región podía mantenerse en pie por sí sola.

Entre 2009 y 2010 se realizaron consultas en todos los municipios de Cataluña, con el fin de conocer la opinión de las autoridades y ciudadanos sobre el sentimiento de nacionalidad e independencia en ellos. 

Expresidente catalán, Artur Mas, en el Referéndum de 2015

El primer revés que sufrió el proceso de promoción de la independencia ocurrió en 2010, cuando el Tribunal Constitucional falló en contra del Estatuto catalán y a favor de otras regiones autónomas, recortando el texto y enmarcando más las competencias del Govern regional.

Desde ese momento se generó un efecto "bola de nieve", ya que las protestas que inicialmente se realizaron contra el Tribunal y la Sentencia, pasaron a defender slogans como "somos una nación, nosotros decidimos", que sumado a las diferencias entre los partidos regionales que gobernaron en coalición, prepararon el escenario perfecto para exacerbar la idea de independencia.

Durante el gobierno de Artur Mas (2010 - 2015) fue promovida la expansión de la autonomía catalana, que derivó en la realización del referendo independentista el 9 de noviembre de 2014.

Cortesía de El Español

Cataluña en España

De acuerdo con los datos proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística de España, Cataluña posee una población de 7.522.596 personas (16% del total español), que comprende la densidad poblacional más alta del país y en la que mantienen actividades comerciales 596.196 empresas, pero donde también se registra una tasa de desempleo del 15,28%.

El dato más importante de Cataluña es que su Producto Interno Bruto (PIB) regional es el más alto del país (204.666 millones de euros), siendo la zona que más ingresos le genera a España.

Cataluña ingresa a España un total de 63.838,9 millones de euros en exportaciones, es decir, un 31% del PIB nacional. 

Además, los ciudadanos catalanes tienen uno de los mejores índices de nivel de vida del país, ubicándose en el cuarto lugar del ranking de las comunidades autónomicas. 

A nivel financiero, Cataluña posee una calificación Ba3 en el ranking de Moody's, B+ de Standard and Poors y BB para Fitch.

Por este motivo, la separación de Cataluña de España supondría un duro golpe para la economía general, pero también implicaría una reestructuración de todo el aparato legal 

Estado vs. Govern

Desde que se asomaron los primeros indicios de independencia catalana, el Estado español, a través de sus instituciones, han públicamente rechazado y condenado la posibilidad de separación. 

El actual presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha condenado en reiteradas ocasiones las acciones del Govern y del Parlament de Cataluña para intentar dar carácter legal a los referéndums y consultas en la región.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en más de una ocasión anuló las acciones de las autoridades españolas, siendo la más reciente medida la anulación de los presupuestos establecidos por Carles Puigdemont para el referéndum.

Cortesía de Lelotrini

En el seno del Congreso de los Diputados, los legisladores por los partidos nacionales (PP, PSOE, Ciudadanos y otros minoritarios), declararon su rechazo a la separación catalana, mientras que acusan al izquierdista Podemos de apoyar los intentos de forma no oficial.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, declaró recientemente que aunque en Cataluña emitan cualquier documento legal y realicen consultas públicas, el Estado español puede anular estas acciones "en apenas 24 horas".

Permanencia en la Unión Europea

Tal como ocurre en el caso de la independencia de Escocia, el Govern de Cataluña desea mantenerse dentro de la Unión Europea con todos los derechos y privilegios que eso implica. 

Sin embargo, la Comisión Europea declaró en 2015 que cualquier región que se declare independiente deberá comenzar "desde cero" todos los pasos para poder ingresar al bloque, ya que se trata de una nueva nación y la membresía se mantiene para el Estado principal.

A diferencia del Reino Unido, en España no hay amenazas para sacar al país de la Unión Europea, por lo que la mayor preocupación para el Ejecutivo regional es perder su membresía al declarar su independencia.