Impeachment (Brasil), revocatorio (Venezuela)

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En Brasil, el gobierno de Dilma Rousseff que por ahora está en la oposición, hasta que en 180 días se resuelva si retorna al poder. Los mejores juristas de ese país afirman que se han seguido todos los pasos previstos en las leyes. La Constitución brasileña, contempla el impeachment en sus Artículos 85 y 86, cuando el Presidente de la República comete delitos como los señalados en el Artículo 85, y se ha seguido todo el procedimiento establecido en el Artículo 86.

En Venezuela, el gobierno que dejó de ser mayoritario por la última elección donde la Asamblea Nacional fue conquistada por la Mesa de la Unidad Democrática, pareciera negarse al referéndum revocatorio previsto en la Constitución de la República Bolivariana y señala igualmente que se trata de un golpe de Estado.

De acuerdo al Artículo 72 de la Constitución, el cargo del Presidente de la República puede ser revocado, siempre que haya transcurrido la mitad del período para el cual fue elegido. El presidente Maduro entra en esta categoría, pero se requiere un número no menor al 20% de los electores inscritos para la solicitud a la convocatoria del referéndum revocatorio. Quienes participan en la revocación del mandato presidencial deben conseguir igual o mayor número de votos de los que obtuvo el presidente, es decir 7.587.532. Si este número se logra “se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la Ley”.

El revocatorio es la figura que consagra la Constitución venezolana, como en la Constitución de Brasil se consagra el impeachment, en la dinámica de perfeccionar la democracia y adecuar los mandatos a la vigencia de la auténtica representación; porque si bien el jefe de Estado tiene la legitimidad de origen, puede haber perdido la legitimidad en ejercicio. Ambos procedimientos en el fondo son juicios políticos convertidos en figura legal. En el caso brasileño permite a los poderes públicos investigar y comprobar la culpabilidad del Presidente en los delitos tipificados, con la aprobación de las cámaras de diputados y el senado, con una destitución temporal y el posible retiro definitivo del cargo. La legislación venezolana no prevé este mecanismo aún cuando más allá del revocatorio, sí prevé la declaratoria de responsabilidad política que es algo parecido al impeachment, y el enjuiciamiento al Presidente de la República, como fue el caso del expresidente Carlos Andrés Pérez cuando éste viola la Constitución y las leyes del país.

El impeachment es parte del constitucionalismo brasileño, inspirado en la filosofía británica desde el siglo XVI, para limitar el poder absoluto de los monarcas. En Brasil todo ciudadano puede hacer la petición del impeachment contra el presidente de la República por acciones que atentan contra la constitución federal, el libre ejercicio del poder legislativo, del poder judicial, y de los poderes constitucionales y especialmente contra el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales, o por incumplimiento de las leyes y las decisiones judiciales.

La presidenta Dilma Rousseff fue señalada de delinquir en materia fiscal, dentro de un cuadro más general de corrupción, que implicaba al expresidente Lula Da Silva y a varios de sus ministros de los cuales ahora algunos están en la oposición. Se cumplió el lapso para la aceptación de la petición del impeachment el pasado 02 de diciembre y el siguiente proceso de la comisión especial parlamentaria con la participación de todas las fuerzas políticas donde se escuchó los argumentos de la defensa. Posteriormente, la Cámara de Diputados se pronunció con más de los dos tercios previstos. Se le facilitó 30 días a la Presidenta para responder a las acusaciones y se sometió a una nueva votación de diputados, donde se ratificó el sometimiento a juicio. 

Posteriormente el Senado, aprobó la petición de los diputados por la mayoría simple y al ser refrendado por el mismo cuerpo legislativo, posteriormente, se le separó del cargo de la presidencia por 180 días, siendo reemplazada por su vicepresidente Michel Temer. Ahora le corresponde al presidente del Supremo Tribunal Federal conducir el juicio en el Senado, hasta la declaración definitiva del impeachment.

Brasil ha demostrado la vigencia del Estado de Derecho con la separación de poderes, el debido proceso y la absoluta imparcialidad de las Fuerzas Armadas.

En el caso del revocatorio en Venezuela, se espera igualmente la plena vigencia del Estado de Derecho y el pleno respeto a los procesos y lazos establecidos en la ley.