Declaración Jurada de Patrimonio es obligatoria para altos funcionarios

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El contralor general de la República, Manuel Galindo, reiteró que el proceso de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) se realizará sin prórrogas del 1º al 31 de julio. Detalló que el proceso es obligatorio para funcionarios con altos cargos en los entes del poder público nacional, estatal y municipal.

Galindo recordó en entrevista con el canal del Estado que la DJP es un instrumento que se realiza bajo fe de juramento y la información allí suministrada es susceptible de verificación en cualquier momento por parte de funcionarios de la Contraloría General de la República.

Los funcionarios que ocupen cargos de gobernador, secretarios de Gobierno y directores del tren Ejecutivo; legisladores del Consejo Legislativo, Procurador del Estado y directores generales; juez rector, presidente del Circuito Judicial Penal de cada estado, junta directiva del Consejo Nacional Electoral, Defensor del Pueblo y director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, deben realizar su actualización de DJP.

Igualmente deben cumplir con este requisito los alcaldes, concejales, el Contralor del Estado, los contralores municipales y directores generales, así como funcionarios con altos cargos, entre ellos los síndicos procuradores municipales, los rectores, vicerrectores y secretarios de universidades públicas, los registradores y notarios, la junta directiva de institutos autónomos, las corporaciones y fundaciones del Estado.

Quedan exentos de la actualización de la DJP todo aquel servidor público que haya realizado una declaración previa en el periodo comprendido del 1º de enero al 30 de junio.

Por su parte Antonio Meneses, director general de Procedimientos Especial de la CGR, informó que no actualizar la declaración puede acarrear sanciones como la imposición de multas que oscilan entre 50 a 500 Unidades Tributarias, según lo establece la ley Contra la Corrupción.

Asimismo advirtió que todo aquel que reincida en la no declaración se enfrenta a sanciones como la de suspensión sin goce de sueldo e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un período de hasta 12 meses.