Tiempos de cambio: Cese la represión, viva la Constitución

Jugar rudo tiene sus consecuencias. Pasa en el béisbol. Pasa en la economía, pasa en las relaciones comerciales. Pasa en la política. Y lo estamos viendo en Venezuela. La oposición, pero sobre todo buena parte de la ciudadanía ha reaccionado frente a una forma de gobernar que es insostenible en el tiempo.

No se puede apostar a ejercer el poder de manera arbitraria sin correr el riesgo de que tarde o temprano propios y extraños reaccionen para hacer sentir su descontento y también para hacer valer derechos que lamentablemente son cotidianamente vulnerados.

No solo se trata de una situación económica traumática, producto de errores, omisiones y prácticas nada santas que han empobrecido aún más a los más pobres y a quienes tenían un status de vida mas que aceptable. A eso se le suma el ejercicio arbitrario del poder, el tratar de asfixiar la disidencia dándole trato de enemigo de la patria, cerrando los caminos para que los ciudadanos escojan libremente sus gobernantes locales o regionales, e impidiendo que la Asamblea Nacional electa con mayoría de diputados opuestos al gobierno cumpla con su rol. Hablar en nombre del pueblo y temerle a su voluntad expresada mediante el voto es lo peor que le puede pasar a un movimiento político y sobre todo a un Presidente.

El presidente Hugo Chávez citaba una frase atribuida a John Kennedy, según la cual cuando se le cierran las puertas a las revoluciones pacificas se le abren a las revoluciones violentas. No quiero esto último para mi país. Definitivamente no. La violencia es muy cara y esa cuenta la paga el pueblo, y quién sabe que resulta de eso. Lo grave es que se ha impuesto ese juego, el de cerrar puertas, el de utilizar las instituciones del Estado con fines partidistas y con la intención de impedir a toda costa la concreción de un escenario electoral, al cual le temen como al peor de los espantos. El de acorralar al “enemigo”, para sacarlo de sus casillas y empujarlo a tomar atajos.

La salida es y tiene que ser electoral. Sin inhabilitaciones alentadas por la venganza política. Sin abuso de poder, con igualdad de condiciones para todos los participantes, con una observación electoral confiable luego de tantas dudas generadas por la actitud parcializada de la mayoría del ente electoral. La solución al grave conflicto político existente no puede seguir siendo la represión brutal que hemos visto en estos días. Tampoco la violencia, que termina por deslegitimar la protesta, ni la quema de sedes políticas o instituciones públicas.

El derecho a manifestar no es un privilegio del oficialismo. El cierre de medios o la amenaza permanente , la censura velada o directa, la represión y el abuso contra reporteros son lunares inocultables e incompatibles con los postulados de nuestra constitución nacional.

El gobierno fabricó la oposición y el descontento que hoy le tienen tomadas las calles del país. Demasiados errores juntos, demasiada prepotencia, una inexcusable actitud de desdén por las formas democráticas, aunada a una increíble indiferencia frente a los atinados reclamos para que se diera al traste con un modelo económico especializado en fabricar pobres y quebrar empresas, mientras la importación de alimentos controlada por entes públicos se convirtió en negocio redondo para unos pocos .

Muchos dolores le ahorraríamos a Venezuela, a su gente, si se abren los cauces para que el soberano se exprese, para que se elijan los gobernadores y luego alcaldes este año, y para que en 2018 se escoja a quien los venezolanos prefieran colocar al frente de la Presidencia de la República. La ruta es la constitución. No hay otra, pese a que algunos crean que la voluntad de los ciudadanos solo es válida cuando les resulta favorable a sus deseos de gobernar indefinidamente.

No basta con que el Presidente ahora diga que está ansioso porque hayan elecciones. Tiene que dar señales que convenzan. Por ejemplo, cesar la represión, promover o aceptar una negociación política que meta al país por el carril constitucional, dar una amplia amnistía y que se ponga coto a la inhabilitación arbitraria de adversarios políticos.