ANC: más amenazas que promesas

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Periodista - GV

¿El gobierno cree en verdad que la Asamblea Nacional Constituyente, ya en funciones, va a ser una instancia para la solución de los problemas del país? No es lo que hemos visto hasta ahora ni lo que imaginábamos cuando advertíamos sobre su nacimiento de espaldas a la Carta Magna de 1999.

Por el contrario, hasta ahora, y nos remitimos a los hechos, se trata de un organismo que responde a criterios básicamente partidistas, y los matices que se pudieran observar atienden más a los intereses de grupos de poder intra gobierno que a la supuesta diversidad en su composición. No ha sido escenario del debate sobre las medidas que hay que adoptar para recuperar la economía, derrotar el hambre, la inflación y el deterioro paulatino del ingreso de los venezolanos, víctimas de un empobrecimiento aterrador.

Ha sido una ANC más eficiente en cumplir amenazas que promesas. En eso se parece al gobierno que la apadrinó y la sigue tutelando, pese a que supuestamente se haya subordinado a sus designios. Ya poco a poco le van amputando competencias a la Asamblea Nacional, la tienen al borde de una disolución de hecho, y quizás no dan el paso definitivo porque la reacción internacional ya ha sido lo suficientemente ruidosa .

Al amparo de esa ANC se ha instalado una Comisión de la ¿verdad? que hasta ahora tiene como objetivo la inhabilitación de liderazgos opositores y echarle tierrita a la salvaje represión de los organismos de seguridad del Estado. De allí entonces las advertencias en el sentido de que aquellos candidatos que sean denunciados por supuesta promoción de hechos violentos en manifestaciones quedarán descalificados para competir en las eventuales elecciones de gobernadores. Vaya forma de querer ganar unas elecciones, muy de pretender exculpar a los organismos de seguridad por numerosos asesinatos cometidos contra manifestantes.

Si se creara una verdadera Comisión de la Verdad, plural, cuya integración, agenda y funcionamiento nacieran de un acuerdo entre todos los sectores, habría un espacio razonable para abordar en toda su dimensión lo ocurrido. Y se pudieran establecer allí responsabilidades en cada una de las más de cien muertes ocurridas, de los cientos de heridos y de los abusos cometidos contra manifestantes detenidos y comunicadores sociales atacados a mansalva por efectivos policiales y militares.

Pero en las condiciones actuales se trata de una Comisión para el linchamiento político y moral de un sector por parte de quienes detentan el poder. Una instancia como la que ha sido creada no va a traer paz ni reconciliación. Todo lo contrario. Va a contribuir a ensanchar la brecha entre los venezolanos. Y va a alejar la posibilidad de que se haga una verdadera justicia.

En una verdadera Comisión de la Verdad debería investigarse situaciones de desaparición forzosa, como la denunciada por los familiares del general Raúl Isaías Baduel, de quien no se conoce paradero desde hace más de diez días. O los casos de familiares de individuos solicitados, que son detenidos por el solo hecho de que no encontraron a la persona buscada.

Caso de Juan Pedro Lares, hijo del alcalde de Ejido, Omar Lares. Esas prácticas violan principios como el de la responsabilidad individual. Un caso similar es el de Gabriela Gómez. En el Estado Carabobo. También como el de Willmer Azuaje, diputado regional de Barinas, detenido en el Sebin, quien no ha visto a familiares ni abogados desde hace más de cien días.

Así que la mejor manera de mostrar deseos y voluntad de contribuir a solucionar el conflicto político es volver a la Constitución de 1999, evitar la terrible tentación de cambiarle siquiera una coma sin consultar al soberano, y cuanto antes ordenar la libertad inmediata de centenares de presos políticos, entre ellos numerosos alcaldes. Ya es un avance que pasen de la justicia militar a la civil decenas de casos. Pero lo que cabe es una liberación total salvo casos debidamente comprobados de participación en delitos graves, sean sus autores funcionarios policiales o militares, o particulares.